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Consistorio y Arquisocial le echan la culpa a la Junta

Palma se ofreció a firmar un compromiso pero la compañía sólo pagará cuando cobre

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  • Las trabajadoras de Arquisocial mantendrán sus protestas hasta lograr el pago de sus nóminas atrasadas. -
  • Las trabajadoras contactaron ayer con la empresa pero la respuesta fue negativa
La delegada de personal en Arquisocial de FSP-UGT, Mercedes Barea, anunció ayer que las trabajadoras de la concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio de Mayores barajan presentar una denuncia en los juzgados contra la empresa ante el impago de las nóminas que padecen.

Barea subraya que las empleadas decidieron ayer “por mayoría absoluta” continuar la huelga indefinida que comenzaron el pasado lunes y que parece mantendrán hasta recibir los salarios que se les adeudan.

El colectivo señala que la situación evoluciona “cada día a peor”, toda vez que el pasado martes aguardaron en la oficina de la empresa una respuesta mientras que ayer el local permaneció cerrado. Al parecer, las trabajadoras salieron de la oficina, cuestión que fue aprovechada para cerrar de inmediato las instalaciones.

Barea repasa que, a través de UGT, ayer lograron ponerse en contacto con el responsable de la empresa en la central de Zaragoza, Jesús Gracia. Así se le pudo trasladar la propuesta realizada horas antes por el alcalde, Fernando Palma, al colectivo.

En este compromiso, Palma firmaría un documento con Arquisocial (antigua Arquitempo) por el que cuando el dinero de la subvención de la Junta recale finalmente en el Consistorio, éste se destinaría directamente a la compañía. Mientras, la empresa adelantaría el dinero de los salarios que adeuda a su personal.

Sin embargo, Gracia habría respondido, según Barea, que “ni compromiso firmado ni nada. Lo que necesita es el dinero y nos traslada que cuando la Junta dé el dinero, nos pagarán, pero que no saben si esto tardará un día, una semana o un mes”.

Por ello, las empleadas avanzan que “intentaremos que alguien de la Junta de Andalucía se pronuncie. El alcalde nos dice que está todo aprobado y que debería haberse ingresado el dinero, por lo que la Junta sería responsable”.

De cualquier forma, Barea subraya que “tanto Ayuntamiento como empresa pasan de nosotras y de los mayores”. Mientras tanto, las trabajadoras “seguiremos en la calle porque no podemos desplazarnos hasta Zaragoza”.

Todo ello a la par que se cumplen los servicios mínimos establecidos. Eso sí, con un nuevo obstáculo ya que, al estar la oficina cerrada, “si a alguna tuviera un accidente laboral, no tenemos un sitio donde nos den un parte para ir a la mutua”.

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