El Juzgado de lo Social número uno de Jaén ha ordenado a la Agencia del Medio Ambiente y del Agua (Amaya), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a entregar de forma "inmediata" a un delegado sindical de CSIF un conjunto de documentación que éste había solicitado sobre la propia agencia en Jaén, y que ésta le había negado, desarrollando lo que el magistrado considera un "comportamiento antisindical".

   Así se recoge en el fallo de una sentencia, consultada por Europa Press, que viene a estimar una demanda sobre tutela del derecho de libertad sindical que había interpuesto el pasado mes de abril el sindicato CSIF, que no está representado en el comité de empresa de Amaya.

   Según considera probado la sentencia, fechada el 16 de mayo, un delegado sindical de CSIF en Amaya había solicitado "en diversas ocasiones por escrito, en noviembre y diciembre de 2011", y recientemente también de forma verbal, una serie de documentación; en concreto, "copia básica, prórroga y denuncia de los contratos de trabajo de la Agencia de Medio Ambiente en Jaén, trabajos de superior e inferior categoría, movilidades funcionales, excedencias, expedientes sancionadores, traslados y modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual, subcontratación de trabajos, horarios mensuales".

   La empresa "se negó a entregar" dicha información al delegado de CSIF "por considerar cumplida la obligación entregando la información al comité de empresa, al que puede acudir el delegado sindical a solicitar la información".

   Sin embargo, el juez que rubrica la sentencia señala que la Ley Orgánica de Libertad Sindical recoge que "los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa", así como una serie de "derechos", entre los que figuran "tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa".

   Por ello, el juez considera que en este caso "se evidencia la conducta infractora denunciada", es decir, una "vulneración continuada del derecho de libertad sindical", si bien no fija una indemnización para el sindicato, como éste había solicitado "en concepto de daños morales", al entender que "en los presentes autos no se ha aportado el más mínimo elemento probatorio de la existencia de un perjuicio para el sindicato demandante como consecuencia de la falta de información".

VALORACIÓN DE CSIF

   Tras la notificación de esta sentencia, CSIF ha emitido una nota en la que se pregunta "si la estrategia de la Agencia y de los entes de la Junta de Andalucía es la de ocultar información y documentación a los legítimos representantes de los trabajadores mientras venden una Ley de Transparencia" que, a juicio del sindicato, "sólo parece hasta ahora un puro artificio de marketing político".

   En esa línea, la organización afirma que "lleva años exigiendo" que la Junta "haga un verdadero ejercicio de transparencia publicando todas las cuentas, el listado de entes y el número de trabajadores de los mismos para demostrar, como vende incluso en el propio Parlamento, que realmente cree en la transparencia de administraciones, instituciones, empresas públicas, partidos políticos, asociaciones y sindicatos".

   Al hilo, se reivindica como "el primer sindicato que, a nivel nacional, publicó sus cuentas en diciembre de 2013", y subraya que éstas "pueden seguir consultándose en su página web", en lo que considera "una verdadera demostración de transparencia que otras entidades tendrían que seguir".