La Fiscalía Provincial de Jaén ha librado un oficio a la Policía Judicial para que investigue 33 participaciones preferentes después de haber sido revisadas en la sede de este organismo judicial y que afectan a distintos puntos de la provincia, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal.
Así, el ente judicial ha dado traslado de las preferentes a la Policía después de que le fuesen remitidas la pasada semana por la Fiscalía Superior de Andalucía, que emitió un decreto en el que ordena a las fiscalías provinciales de la Comunidad Autónoma abrir diligencias de investigación penal para analizar la posible ilicitud en la emisión de las llamadas participaciones preferentes, dando por sentado que ha existido una "mala praxis generalizada" por parte de las entidades financieras denunciadas por este asunto.
El departamento que dirige el fiscal superior Jesús García Calderón incoó el caso después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le trasladara unos 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a estos productos financieros, que, según los datos de esta institución, podrían haber perjudicado a un total de 67.000 personas en Andalucía.
El escrito trasladado por Chamizo llevó a la Fiscalía Superior a ordenar una investigación a la Policía Judicial, que, tras el análisis de las denuncias, ha concluido que ha existido esa "mala praxis generalizada" que, según se señala en el escrito firmado por el fiscal Arturo Gómez Pardo y adelantado por 'El Mundo', ha consistido en "no observar escrupulosamente las directrices comunitarias", en la "vulneración" de diversos preceptos de la Ley de Mercado de Valores y en el "incumplimiento" de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En los casos más graves, en la "utilización del engaño" respecto de la naturaleza del producto, "su carácter perpetuo y la facilidad de colocación en el mercado secundario para de esa forma conseguir la suscripción de las participaciones por personas que si hubieran recibido una información adecuadas nunca las hubieras suscrito; no siendo descartable, incluso, en algún supuesto, la utilización de los fondos existentes en libretas de ahorro o imposiciones a plazo para la suscripción del citado producto, sin el consentimiento del titular".
