El jurado popular --compuesto por nueve miembros-- ha declarado por unanimidad culpable del asesinato de su expareja en su casa de Lepe (Huelva) en julio de 2018 al acusado, un hombre de nacionalidad rumana, que este lunes en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha reconocido los hechos, al igual que de quebrantamiento continuado de condena.

Así, por el delito de asesinato será condenado a 20 años de prisión y a nueve meses más por el delito de quebrantamiento, tal y como han acordado las partes. De este modo, aunque la Fiscalía solicitaba en un primero momento 26 años de prisión, esta se ha visto reducida al considerarse la circunstancia de atenuante de confesión del enjuiciado.

Por otra parte, la Fiscalía y la Asociación Clara Campoamor continuarán trabajando para tratar de conseguir que las hijas de la fallecida puedan acceder a la pensión de orfandad al ser "víctimas de delito violento", para que puedan tener un futuro "más o menos digno", según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, ya que creen que las víctimas no van a cobrar la responsabilidad civil porque el enjuiciado "se declarará insolvente".

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía estima que el acusado deberá indemnizar a las dos hijas de la víctima, A.G.V. y D.A.V., a través de su representante legal, por el fallecimiento de su madre, con la cantidad de 135.675 euros, y a cada uno de los progenitores de la víctima con 84.420 euros.

Por su parte, considera que la hermana de la víctima debe ser indemnizada con 18.843 euros, incidiendo en que procede mantener la situación de prisión provisional del acusado hasta que recaiga sentencia firme en este procedimiento.

En este contexto, durante la sesión celebrada esta mañana, el acusado reconocía la autoría de los hechos por "su sentimiento de culpa y de pérdida", tras lo que la Fiscalía ha renunciado a la testifical de los familiares y parte de los peritos, testificando en el juicio uno de los agentes de la Guardia Civil que instruyó el atestado que dio inicio a las diligencias, así como dos peritos que estuvieron en el lugar del suceso y los médicos forenses.

De este modo, durante su declaración, el acusado ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y ha admitido que amenazó a la fallecida tras indicarle esta su intención de marcharse del país con las hijas de ambos, así como que sabía que no podía comunicarse con ella y que, aún así, continuaba llamándola. El acusado también ha admitido que la apuñaló de tal forma que la fallecida no pudo defenderse y con tres armas blancas diferentes, de manera que ha admitido que sabía lo que hacía, pero que "perdió los nervios".

DECLARACIONES DEL JUICIO

Después de la declaración del acusado, uno de los agentes de la Guardia Civil que instruyó el atestado ha señalado que sospecharon de él después de que la vecina de arriba de la víctima lo viera salir del portal de la casa momentos después de los hechos y tras escuchar peticiones de auxilio de la mujer, así como que el enjuiciado había realizado 78 llamadas a la fallecida desde el 30 de junio hasta el 7 de julio a pesar de la orden de alejamiento que pesaba sobre el hombre.

De otro lado, los peritos que estuvieron en el lugar de los hechos han indicado que en su llegada a la casa iniciaron la recogida de muestras hallando tres armas blancas diferentes y restos de sangre. Además, han indicado que el hombre llevaba un calcetín que contenía restos de sangre y que le sacaron para realizarle pruebas.

Por su parte, los médicos forenses han indicado que la víctima presentaba 28 lesiones, de las cuales 27 eran "vitales", varias de ellas en la zona del cuello y la cara y otras en el tórax y solo una lesión con características defensivas.

Así, los forenses han señalado que no saben con concreción cuál de las lesiones fue la que acabó con la vida de la mujer, pero que todas indican una muerte "violenta", además de precisar que antes de la agresión hubo una relación sexual pero "sin indicios de que no fuera consentida".

Por otra parte, con respecto a la exploración psíquica al acusado, la médico forense que lo examinó ha señalado que estaba "perfectamente consciente", que sus capacidades intelectuales son "normales" y que "no quería hablar de los hechos", pero que "los justificaba de forma indirecta" y que "la culpaba a ella".

Para finalizar, y antes de darse por concluida la sesión, el acusado ha vuelto a hablar y ha pedido perdón a la familia de la víctima y a sus hijas por estos hechos.

LOS HECHOS

El escrito presentado por la Fiscalía señalaba que el acusado había mantenido durante nueve años una relación sentimental con la víctima y que, fruto de la misma, nacieron sus dos hijas que en el momento de los hechos contaban con cinco y tres años y estaban en la vivienda en el momento de la agresión mortal.

Así, desde principios del año 2018, la víctima había tomado la decisión de separarse del acusado, si bien continuaron conviviendo en el mismo domicilio hasta que ésta denunció en junio de 2018 en el cuartel de la Guardia Civil de Lepe, que el acusado, después de que ella le comunicara que se iba a marchar con las niñas, "le amenazó diciéndole: te voy a matar y después me voy a suicidar".

Como consecuencia de estos hechos, el acusado, tras prestar su conformidad con la acusación, fue condenado por un delito de amenazas a la pena de prohibición de aproximarse a ella, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por la misma a una distancia inferior a 200 metros, o comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años. Ese mismo día, según aparece en el escrito de calificación de la Fiscalía, "el acusado fue requerido personalmente sobre su cumplimiento y las consecuencias de no respetar dicha pena".

Desde esa fecha, el acusado abandonó el que había sido hasta entonces el domicilio común, donde siguió viviendo la joven junto con sus dos hijas menores, así como con el hermano del acusado y la pareja de éste.

El acusado, "aún conociendo la vigencia de esta pena de prohibición de aproximación y comunicación, mostrando un absoluto desprecio por la resolución judicial arriba mencionada, y sin aceptar la ruptura y que ella pudiera retomar su vida sentimental junto con otra persona, siguió manteniendo contacto con Cristina", según recoge el Ministerio Público.

Desde el día 30 de junio hasta el día 7 de julio de 2018, el acusado "realizó unas 78 llamadas de teléfono desde su número al de la víctima, la mayoría de cero segundos de duración por no haber obtenido respuesta" y acudió al domicilio en múltiples ocasiones; entre otras, incluso, el día anterior a los hechos.

Como resume la Fiscalía, fue la mañana del sábado 7 de julio de 2018 cuando "el acusado decidió ir a casa de la víctima, llamándola a su teléfono móvil, llamada que ella no respondió. Acto seguido, se dirigió al domicilio, donde la víctima dormía junto con sus dos hijas menores".

MÚLTIPLES LESIONES

Una vez allí, proseguía al escrito de la Fiscalía, ésta le abrió la puerta y, "sin que conste que se produjera ninguna discusión entre ambos, el acusado, con la firme voluntad de acabar con su vida, de manera sorpresiva, la cogió por detrás y, con absoluta frialdad y desprecio hacia la vida humana, la atacó, propinándole múltiples navajazos", empleando para ello hasta tres cuchillos diferentes.

La Fiscalía califica de "cruel" la agresión que provocó hasta 28 lesiones a la joven. Tras la comisión de los hechos, "el acusado salió de la vivienda y se marchó en su coche, siendo detenido al día siguiente en el punto kilométrico 3,500 de la carretera HU-3401".

Ante esto, el pasado 10 de julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado en el seno de la presente causa