Lucena del Puerto (Huelva) es el segundo municipio de Andalucía, después de Níjar (Almería), que más dinero recibirá de la Junta de Andalucía para la atención urgente de las inmigrantes que residen en asentamientos de Huelva, 428.155,20 euros que esperan optimizar para llegar a unas 3.000 personas.
El alcalde de la localidad, Manuel Mora, ha indicado que esa optimización pasa por que la ayuda se ha concedido "en base a una población cuantificada de 800 personas, cuando en realidad el número es casi cuatro veces mayor".
Esos casi 430.000 euros, ha indicado "nos va a permitir limpiar, mantener unas condiciones sanitarias, llevar agua, meter módulos de ducha y aseo y, sobre todo, proporcionarles alimentación, ya que a este ámbito se va a destinar casi el 50 por ciento de la ayuda".
Desde el Consistorio se viene trabajando desde hace días con empresas suministradoras para "ajustar al máximo" el coste de la infraestructura que se va a montar.
Se trata, ha explicado, de "una especie de base logística con duchas y aseos y lavandería" a la que podrán acudir las personas que residen en asentamientos que se encuentren en uno o dos kilómetros la redonda; asimismo, se les suministrará agua potable.
El alcalde valora la que es "la primera ayuda que ha recibido el municipio" para la atención social en los asentamientos, aunque "es corta, ya que se ha calculado en base a 800 personas y en la localidad existen 22 asentamientos con más de 3.000".
Por ello, ha apuntado que en la aportación y la distribución de la ayuda "va a jugar un papel fundamental el conocimiento que desde el Ayuntamiento se tiene de esta realidad, de forma que podamos alargar y optimizar estos recursos para que, si es necesario llegar hasta el mes de diciembre, estas personas tengan sus necesidades básicas cubiertas".
En este punto, el alcalde ha señalado, además, que no todos recibirán la misma ayuda, ya que aquellos que están trabajando "no podrán recibir lo mismo, en lo que a alimentación y productos de higiene se refiere, que los que no lo están; esta acción nos ayudará también a conocer la realidad de las personas que viven en estos asentamientos".
Dicho todo esto, entiende que este tipo de ayudas económicas han de venir complementadas con "medidas legales para que se termine con esta realidad, porque en el siglo XXI no podemos seguir permitiendo eso".
