El abogado Carlos Aránguez, que asumió la defensa de Juana Rivas ante el Supremo, confía en que al alto tribunal la pueda absolver de su condena por dos delitos de sustracción de menores o que rebaje la pena de cinco años de prisión confirmada por la Audiencia de Granada para esta vecina de Maracena.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene previsto celebrar este miércoles un pleno jurisdiccional para la deliberación y el fallo del recurso de casación presentado por Rivas, una convocatoria que se produce después de que ya fuera suspendido un señalamiento fijado para el pasado 17 de febrero.

Aránguez ha destacado la importancia de que el Tribunal Supremo vaya a analizar el caso en pleno, lo que revela la complejidad de este procedimiento y además puede sentar jurisprudencia "al más alto nivel".

El planteamiento del recurso presentado pretende, por una parte, la absolución de la granadina Juana Rivas con el argumento de que la madre, que entendía que actuaba en beneficio de sus hijos, estuvo firmemente convencida del maltrato a los menores que presuntamente cometió el padre de estos y expareja, el ciudadano italiano Francesco Arcuri.

Por otra parte, la defensa ve excesiva la condena a cinco años de prisión a la que fue condenada, considera que al negarle la custodia al padre no se habrían producido dos delitos de sustracción de menores sino solo uno, y rebate que la pena no se haya impuesto en su rango mínimo legal.

"Cuando acepté el caso sabía que era muy difícil conseguir una absolución, pero sí que estoy firmemente convencido de que el Tribunal Supremo debería rebajar la condena de Juana Rivas", ha indicado a Efe su letrado.

El periplo judicial que ha acompañado a la historia Juana Rivas dio comienzo el verano de 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a él, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que, años después, en 2016, ella volvió a denunciar por maltrato.

La decisión de no entregarlos a Arcuri, con quien compartía la custodia de los menores, se tradujo en una condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, una sentencia que obtuvo una fuerte contestación social desde el movimiento feminista y que, tras su confirmación posterior por la Audiencia de Granada, espera ahora el pronunciamiento del Tribunal Supremo, al que Rivas recurrió.

El último varapalo judicial al que se enfrentó Rivas fue el archivo, por parte de la Justicia italiana, de las ocho denuncias que interpuso entre 2016 y 2018 contra su expareja por supuesto maltrato hacia los dos hijos de ambos, aunque aún quedaban pendientes de resolver otras cinco denuncias por maltrato hacia los niños interpuestas en 2019.

Finalmente, la Justicia italiana concedió la custodia en exclusiva de los dos hijos a Arcuri, aunque permitió que Rivas pudiera verlos un fin de semana de cada dos si vive en Italia o uno de cada cinco si reside en España.

Los niños viven con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Rivas finalmente acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos al padre.