La Fiscalía ha solicitado seis años y siete meses de prisión para los que fueran presidente y vicepresidente entre 2008 y 2012 de la Federación Andaluza de Hockey (FAH), con sede en Granada, y otros siete meses de cárcel para el secretario de esa junta directiva, por delitos de desobediencia y apropiación indebida.
En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal acusa a los tres de desobediencia hacia la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y tanto al presidente como al vicepresidente de haberse apropiado de más de 94.000 euros. El juicio está señalado para el 2 y 3 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
La Fiscalía asegura que los hechos comenzaron ante la negativa de los acusados a convocar elecciones en 2012 para la renovación de los cargos federativos para el periodo 2012-2016, "como era preceptivo en el año en que iban a celebrarse los Juegos Olímpicos de Londres".
Tras la negativa, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ordenó el nombramiento de una comisión gestora que sustituyera a la junta directiva y el consiguiente cese de sus cargos, así como la entrega de la documentación de la federación a la gestora.
Sin embargo, los acusados se opusieron a su cese, al traspaso de poderes de la Comisión Gestora y a la entrega de la documentación de los años 2008 a 2012, "pese a los requerimientos por escrito y a la convocatoria de tres reuniones, a las que rehusaron ir".
De hecho, "realizaron distintas maniobras evasivas para impedir el cese y la entrega de documentación", e interpusieron un recurso contencioso-administrativo para tratar de suspender la orden de la Junta, que se desestimó el 24 de julio de 2014.
"Ese mismo día, diez meses después del nombramiento de la comisión gestora, un empleado del despacho de abogados de la junta directiva anterior entregó en una notaría los presuntos libros y documentación en soporte digital, lo que impedía el cotejo con sus originales. No obstante, se observó una total carencia de documentación esencial de cualquier federación deportiva, una documentación contable incompleta y gran número de documentos sin firma", agregan el fiscal.
Pese a ello, se encontró que no había correlación ni congruencia entre los datos de la documentación entregada y los movimientos bancarios reflejados en los extractos de la cuenta de la FAH, o con las numerosas reclamaciones de deuda contra la Federación existentes cuando la gestora "tomó por fin su control".
"Aunque el responsable de la custodia y, por tanto, de la entrega de la documentación a la comisión gestora era el secretario de la junta directiva, la decisión, así como la de obstaculizar el traspaso de poderes ya descrito, fue tomada --a juicio del fiscal-- por todos los acusados" a tenor de su "actividad evasiva" ante los requerimientos que se les hicieron y los intentos de reunión".
APODERAMIENTO DE PATRIMONIO
Para la Fiscalía, su negativa a cesar en el cargo estaba motivada por el "apoderamiento que tanto el presidente como el vicepresidente habían realizado sobre el patrimonio de la federación en provecho propio", sin quedar acreditado que el secretario tuviera conocimiento y participación en los hechos.
"Una vez examinada la documentación entregada a la comisión gestora y las cuentas corrientes de la FAH, se comprobaron que se realizaron numerosos traspasos recíprocos entre ellas y la del Club Hockey Veleta, cuyo presidente era el vicepresidente de la junta directiva de la Federación que tenía el mismo domicilio social que esta", asegura el escrito.
Todos estos movimientos de dinero, realizados desde el 17 de septiembre de 2003 hasta el 26 de octubre de 2011 "arrojan un saldo a favor del Club Hockey Veleta por importe de 8.549 euros, de los que supuestamente dispuso el acusado en su propio beneficio.
Además de esto, en el análisis de los extractos bancarios se detectaron numerosas transferencias o entregas en efectivo desde las cuentas de la Federación a favor de su presidente que ascienden a 85.754 euros.
Por todo ello, la Fiscalía acusa al expresidente y al exvicepresidente de los presuntos delitos de desobediencia y dos delitos continuados de apropiación indebida, y además de los seis años y siete meses de prisión, pide que sean condenados al pago de una multa de 2.400 euros. El juicio fue fijado inicialmente para abril del año pasado, pero la irrupción de la pandemia obligó a suspenderlo.
