La Guardia Civl puso a disposición judicial a cuatro personas, vecinas de Tui (Pontevedra), por supuestamente dedicarse a vender perros a través de Internet, que acababan falleciendo a los pocos días de ser entregados a los compradores.
Tal como ha informado la Benemérita en un comunicado, se les atribuye la presunta comisión de delitos de estafa, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal organizado.
Las investigaciones se iniciaron a finales del año pasado, después de haber recibido varias denuncias de personas que habían comprado un perro 'online' de tamaño pequeño y que se les había muerto a los pocos días de adquirirlo, algunos de ellos por 'parvovirosis', una enfermedad muy contagiosa y mortal para dicha especie. Además, los informes veterinarios corroboraban que los perros se encontraban en unas condiciones sanitarias "muy deficientes".
Entre los perjudicados se encontraban dos personas de la provincia de A Coruña, una de Pontevedra y otra de Valencia, aunque la Guardia Civil no descarta que pueda haber más afectados.
Con estos datos, los agentes lograron identificar a los presuntos autores de la venta de los animales, cuatro varones de Tui, que estaban enviando las mascotas a través de una empresa de transportes a diferentes puntos de la geografía española.
Se comprobó que durante 2021 publicaron en una página web la venta de más de 100 perros de distintas razas, utilizando diferentes nombres y núcleos zoológicos, dando así apariencia de legalidad.
También usaban líneas de teléfono distintas para contactar con compradores, que en su mayor parte se daban de baja a los pocos meses de haberlas activado y se borraban los anuncios cuando los perjudicados les reclamaban los gastos veterinarios o la devolución del importe pagado por el perro.
Según la información facilitada por la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, ninguna de las personas investigadas poseía autorización para la cría y venta de animales, que se entregaban sin cumplir los requisitos que establece la ley de protección y bienestar animal, como por ejemplo sin microchip ni certificación veterinaria sobre el estado de salud de los perros.
También se pudo constatar que en algunos casos los perros eran vendidos con menos de un mes de vida, contraviniendo la norma que prohíbe que los cachorros puedan ser separados de sus padres antes de las 10 semanas para evitar problemas de salud y comportamiento.
Las diligencias instruidas se entregaron en el Juzgado de Instrucción de Tui, donde deberán comparecer los investigados cuando sean requeridos para ello.
