El Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición para reformar la Ley de la Acción y el Servicio Exterior del Estado, aprobada en 2014 con José Manuel García-Margallo como ministro de Exteriores, con el fin de facilitar el cierre de las llamadas 'embajadas' catalanas, o de cualquier otra comunidad autónoma, o impedir su apertura si no se ajusta a la "unidad de acción" en el exterior.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, justifica la necesidad de la reforma en que la actual ley se basa "en la confianza" de que ningún actor autonómico usaría sus competencias o las excedería para perjudicar el interés de España o para no respetar la Constitución.

Así, los 'populares' proponen añadir al artículo 12, la que obliga a las comunidades autónomas a informar al Ministerio Exteriores antes de abrir una oficina "de promoción exterior", un artículo 12 bis para que cuando las oficinas incumplan cualquier disposición de esta ley, por invadir competencias del Estado o por no respetar los principios de la Acción Exterior, el Estado podrá requerir su cierre.

Si este no se produce, el Estado puede reclamarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa y en la demanda que interponga la Abogacía del Gobierno a instancia del Ministerio de Asuntos Exteriores "se solicitará en todo caso la medida cautelar del cese de la actividad de manera inmediata".

Los objetivos de esta propuesta de reforma ya se los avanzó esta semana al ministro de Exteriores, Josep Borrell, la portavoz 'popular' en la Comisión Mixta para la UE, Concepción de Santa Ana.

Hasta ahora, el Gobierno del PSOE lo que ha hecho ha sido recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa la reapertura de las oficinas de la Generalitat en el exterior que quedaron cerradas por el artículo 155, porque el Govern no informó al Ministerio con la antelación suficiente para que emitiera el informe preceptivo.

En su propuesta, el PP propone también una vía para que esas oficinas no puedan abrirse. En concreto, en el artículo 12, recoge la posibilidad de que el informe sea negativo, aunque en ese caso debe ser motivado.

Si eso sucede, la comunidad autónoma en cuestión debe presentar una nueva propuesta de apertura "adaptada" a lo que reclame el informe, pero si se emite un segundo informe desfavorable, no se podrá establecer la oficina.

LA PROMOCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, OBJETIVO DE LA POLÍTICA EXTERIOR

En total, la propuesta 'popular' incluye reformas en una docena de artículos, sobre todo, para incluir entre los fines de la acción exterior española la promoción de los valores constitucionales, la defensa de la Justicia española en el exterior y la defensa internacional de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Españolas.

Así, su intención es que la lista de "objetivos de la política exterior de España" esté encabezada por "la promoción de España como Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia, libertad, igualdad y pluralismo político" y por "la defensa de los intereses políticos, sociales y económicos de España en el exterior".

DEFENDER LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El PP también quiere poner por escrito que "la Acción Exterior en materia de justicia en todo caso comprenderá la defensa de la independencia judicial y la Justicia española", una medida posiblemente inspirada por la reivindicación de los 'populares' de que se preste apoyo al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés', ante la causa que está en estudio en un tribunal belga.

En la misma línea, propone dejar claro que "la Acción Exterior en materia de interior en todo caso comprenderá la promoción de la imagen y defensa de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como referente internacional de profesionalidad y servicio público para la seguridad".

El PP también reclama que en las tareas de promoción de la imagen de España en el exterior se tengan en cuenta en todo caso "la defensa de la Constitución y los valores superiores del ordenamiento jurídico, así como los principios del Estado social y democrático de Derecho, la unidad de España y la soberanía nacional".

Por último, propone poner por escrito mecanismos más estrictos de coordinación entre la acción exterior del Estado y de las comunidades autónomas, incluido, por ejemplo, que cuando una propuesta autonómica o local no sea integrada en la Estrategia de Acción Exterior no pueda "desarrollarse en programas o acciones a nivel autonómico o local de manera independiente".