El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha denunciado ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia, un proyecto encargado en 2007 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las sedes judiciales en el madrileño barrio de Valdebebas.

La propia Cifuentes ha confirmado la denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde ha dejado además un mensaje en el que afirma: "Tenemos tolerancia 0 con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más".

La denuncia llega después de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo".

El pasado 3 de abril el gobierno regional elevó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ese informe, y, una vez examinado, ha determinado que pudiera haber "ilícitos penales", según ha explicado en declaraciones a los medios en el Pleno de la Asamblea el consejero de Justicia, Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.

Por ello, ha continuado, "corresponde" ahora a la Fiscalía determinar "si es así o no".

Garrido ha rechazado que la entrega de este informe a la Fiscalía sea un intento de desviar la atención de la polémica del máster de Cifuentes, sino que el Gobierno actúa "cuando corresponde". "Podría haber sido ayer, hoy o dentro de cinco días", ha comentado.

Por ese motivo, no presentaron conjuntamente la denuncia junto a los grupos de la oposición porque, ha indicado el consejero, no se mueven "por intereses partidistas".

La oposición ya llevó a la Fiscalía el pasado mes de marzo este caso, analizado en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, y advirtió de que el proyecto supuso un "quebranto patrimonial" para los madrileños de más de 130 millones de euros.

"Elevamos las cosas cuando tenemos informes de la Abogacía, que es a quien hacemos caso, porque determina cada uno de los planteamientos que tiene que ver con la legalidad", ha dicho Garrido, que ha insistido en que el Gobierno regional actúa "en base a los informes de la Abogacía de la Comunidad", no por presunciones o por intuiciones.

En cuanto al perjuicio económico, Garrido ha recalcado que están a la espera de si la Fiscalía decide que hay "indicios de criminalidad" para que la Comunidad se persone, en su caso, como acusación particular, como ya lo hizo en el caso Púnica o Gürtel.