La iniciativa anunciada por el Colectivo de Presos de ETA de solicitar ante la vía judicial su acercamiento al País Vasco supone el último intento de los terroristas de acabar con la dispersión tras numerosas campañas anteriores que siempre acabaron en fracaso, especialmente en los últimos años en los que el colectivo ha tratado incluso de modular su discurso y adaptarlo a la nueva estrategia. Ni siquiera es nueva la idea de sortear a la Administración acudiendo a los tribunales ya que esta vía ha sido explorada otras veces, la primera de ellas en 1996 y tampoco consiguieron su objetivo.
Serán 50 los presos que remitan ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional los primeros escritos, tramitados como queja. Como en ocasiones anteriores, empezarán por los considerados enfermos, los mayores de setenta años, quienes llevan más de dos décadas en prisión y los portavoces del colectivo. En este grupo se hallan etarras como Javier Arizcurren Ruiz, 'Kantauri', Olarra Guridi, Ainhoa Mujika o Ana Belén Egües, entre otros.
Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del documento que harán llegar a la Audiencia Nacional, se trata de un formulario idéntico en todos los casos en los que se reserva espacio para que los presos escriban su nombre, las cárceles en las que han estado y otros aspectos de su situación personal como los kilómetros que les separan de sus casas.
Este paso se produce tan sólo unos meses después de que el Colectivo de Presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera) terminase su campaña escalonada de pedir de manera individual por carta a las Juntas de Tratamiento de sus respectivas prisiones el agrupamiento de todos los terroristas en la cárcel alavesa de Zaballa. Precisamente el mismo centro penitenciario donde se ubican los disidentes de la banda acogidos a la 'Vía Nanclares' tras romper públicamente con ETA.
ÚLTIMO RECHAZO
Aquella estrategia tuvo lugar entre los meses de marzo y julio y era la puesta en práctica del anuncio que realizó el colectivo el 28 de diciembre del año pasado en el que aseguraban que aceptarían la legalidad penitenciaria para acceder a beneficios. Era la salida de los presos a meses de disputa entre la izquierda abertzale y ETA por el control de sus reclusos. No obstante, los criterios que marca la legislación actual para acceder a beneficios pasan por la ruptura con ETA, la petición de perdón a sus víctimas o colaborar con la Justicia. Y los presos etarras no han cumplido con ninguno de ellos de momento.
Las respectivas cárceles, es decir, la Administración Penitenciaria que depende de Interior, rechazó de plano y con los mismos argumentos estas peticiones de ir a Zaballa. También pedían ser excarcelados la decena de presos considerados enfermos y los mayores de 70 años. La respuesta ha sido negativa por parte del Ministerio que entiende que la banda aún no se ha disuelto y que, aunque los escritos eran individuales, los presos actuaban de manera organizada como colectivo.
El ministro Jorge Fernández Díaz ha repetido en numerosas ocasiones que la única salida para los internos terroristas es que la banda se disuelva definitivamente o que ellos rompan de forma unilateral con ETA. Mientras tanto se mantendrá la dispersión. El responsable de Prisiones, Ángel Yuste, afirmó este jueves en el Congreso de los Diputados que el EPPK controla a sus presos ahora "igual o más que cuando mataban".
No es la primera vez que el EPPK trata de disfrazar una acción colectiva como iniciativas individuales. A finales de 2011, en torno a 500 internos presentaron escritos particulares también ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional pidiendo su excarcelación. Alegaban haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, estar sometidos a la doctrina Parot o tener problemas de salud.
OTRA ACCIÓN COLECTIVA
Era otra campaña organizada ya que del casi medio millar, sólo unos 80 pedían la excarcelación para sí mismos. El resto exigían la puesta en libertad inmediata para otros compañeros recluidos en otras prisiones a cientos de kilómetros de distancia. Se daban casos de reclusos internos en cárceles del norte que pedían la liberación de compañeros en centros del sur. Todos estos escritos fueron rechazados de plano por el juez Central de Vigilancia Penitenciaria.
De nada ha servido al colectivo el cese de la violencia de ETA que generó numerosas expectativas, alimentadas por su entorno desde el exterior. Ninguna de las promesas de entonces se ha tornado en realidad. Tres años después del fin de los atentados, 360 presos siguen repartidos en 47 cárceles españolas (otros 97 se encuentran en Francia). El único movimiento significativo en las prisiones vino de la mano del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y supuso la excarcelación de decenas de presos históricos tras la derogación de la 'doctrina Parot'.
Eso a pesar de que los presos han tratado de modular su imagen y su discurso al compás de la nueva estrategia de la izquierda abertzale. Aunque con no poca resistencia, acabaron anunciando que aceptaban la legalidad, asociaciones de nuevo cuño creadas por la izquierda abertzale comenzaron a capitalizar sus iniciativas en el exterior en detrimento de Etxerat y de sus exigencias desaparecieron máximos históricos como la amnistía. En abril de 2012 el EPPK renovó su Dirección y presentó a los nuevos responsables quienes trasladaron al Gobierno una oferta de negociación. Pero el Ejecutivo no ha atendido esa oferta tampoco.
Expertos en la lucha antiterrorista consultados por Europa Press creen que el objetivo último de los presos etarras con su nueva estrategia de acudir a la vía judicial es acabar también en Estrasburgo. Ante el previsible rechazo a sus pretensiones por parte del juez de Vigilancia, tendrían posibilidad de recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, después les quedaría el recurso ante el Tribunal Constitucional y por último, Estrasburgo. Si bien hasta llegar a ese punto transcurrirían varios años (la doctrina Parot fue derogada siete años después).
COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
El lugar en el que los presos cumplen condena es una decisión que compete en exclusiva a la Administración, salvo casos muy puntuales que permite intervenir a los jueces de vigilancia. Por ello, la vía judicial adecuada para recurrir es la Contencioso-Administrativa. En este sentido, la estrategia que sopesa llevar a cabo a ETA no es nueva y ya fue practicada, sin éxito, en 1996. Entonces los presos de la banda terrorista mandaron a la institución penitenciaria multitud de escritos para pedir su acercamiento, pero la Administración los rechazó de plano.
A continuación, los presos optaron por acudir a un paso intermedio que era el recurso ordinario ante el propio ministro del Interior de entonces, Jaime Mayor Oreja, quien también los rechazó. Fue entonces cuando una veintena de presos etarras insistió por la vía Contencioso-Administrativa presentando recursos. Todos ellos fueron rechazados definitivamente.
La situación del Colectivo de Presos se ha visto agravada en los últimos años por la acción de las fuerzas de seguridad. Especialmente relevante fue la última detención la responsable de colectivo de abogados Arantza Zulueta a principios de este año. Desde entonces el EPPK se ha sumido en una situación de desconcierto debido a la falta de un liderazgo claro, cuentan con dificultades para articular estrategias o difundir sus mensajes y, tras la asunción de que el Gobierno del PP no dará pasos, han empezado a surgir dudas en algunos presos, según informan a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.
