La condena a penas entre 20 y 25 años de prisión a ocho ex militares y policías responsables de 28 homicidios cometidos en 1976 marca un hito en la revisión de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985). 

El juez penal uruguayo Luis Charles anunció el viernes por la noche las sentencias a los ocho ex oficiales por su responsabilidad en la muerte de 28 personas en el marco del Plan Cóndor, orquestado en los años 70 por las dictaduras del Cono Sur para secuestrar, torturar y, en muchas ocasiones, asesinar a opositores políticos. 

Esta es la primera condena en primera instancia dictada en Uruguay en un caso de violación de derechos humanos derivado de la represión dictatorial. 

Los ocho condenados fueron procesados y encarcelados en septiembre de 2006 por los hechos ocurridos en 1976, tres años después que se impusiera en Uruguay la dictadura. 

Se trata de los ex militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez, que recibieron 25 años de prisión por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados”. 

El también ex militar Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima fueron condenados a un total de veinte años de prisión por el mismo delito, aunque en este caso se aplicó una reducción por la participación menor en los hechos, según la sentencia, difundida ayer por los medios de comunicación uruguayos. 

Los hechos se refieren a la desaparición y muerte de disidentes políticos uruguayos que se habían refugiado en Buenos Aires y que fueron eliminados allí o trasladados a la fuerza a Montevideo por efectivos militares y policiales participantes en el Plan Cóndor. 

En la resolución notificada por el juez Charles se desestimó el cargo de “desaparición forzada” reclamado por la fiscal del caso, Mirtha Guianze, especializada en las violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura, y centró su sentencia en el delito de “homicidio muy especialmente agravado”. 

Los condenados actuaron “siempre dentro de la más absoluta clandestinidad, valiéndose de la superioridad de la fuerza y sin ningún apego al orden jurídico”, señala el acta.