La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha defendido la imparcialidad del juez instructor del caso Palau, Josep María Pijuan, y ha negado que tenga interés alguno en el mismo. Además, señala que las acusaciones que se han vertido al respecto "solo tienen explicación dentro del contexto de la campaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas".
Así, JpD ha denunciado que durante los últimos días se han difundido, desde determinados ámbitos, informaciones que sugieren que Pijuan tendría intereses en la resolución de un procedimiento que afecta a CiU y al líder de la formación Artur Mas. Según ha explicado, dichas insinuaciones se fundamentan en el hecho de que el magistrado es miembro de honor de una fundación sin ánimo de lucro que habría recibido subvenciones por parte de la Generalitat.
Ante esta situación, la asociación ha salido en defensa del juez recordando que "esta circunstancia no afecta en lo más mínimo a la independencia e imparcialidad del magistrado". "Una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a una finalidad de interés general, como la reinserción social de presos, recibe ayudas públicas como muchas otras entidades cívicas, culturales o deportivas", ha señalado JpD, que ha apuntado que "Pijuán es miembro de honor de la fundación y no obtiene ningún beneficio económico de la misma".
Además, la asociación insiste en que "no existe ningún vínculo que pueda afectar a su independencia e imparcialidad y cualquier indicación en sentido contrario carece de base objetiva".
"Desde JpD recordamos que Pijuán es un magistrado de reconocido prestigio y dilatada trayectoria. A lo largo de su carrera profesional ha investigado numerosas causas, entre ellas algunas relacionadas con personalidades vinculadas a diversas fuerzas políticas, en las que ha aplicado rectamente la ley, sin ningún tipo de excepciones o favoritismos", ha señalado.
Para la asociación "puede resultar comprensible que determinadas posturas se aviven en el marco de una contienda electoral". Sin embargo, cree que este tipo de informaciones "no deberían erosionar de forma infundada la credibilidad de los integrantes del poder judicial".
A su juicio, "las actuaciones y resoluciones judiciales pueden ser criticadas con argumentos jurídicos, pero no resulta aceptable la descalificación personalizada de cualquier juez o las insinuaciones que pongan en entredicho su integridad sin el menor fundamento".
