Un informe elaborado por el interventor de la Diputación de Sevilla zanja que para esta institución, "no es necesario" acogerse al real decreto Ley 4/2012, destinado a financiar la deuda de las administraciones públicas con sus proveedores.

La Diputación provincial ha celebrado este lunes un pleno ordinario, en cuyo cuarto punto del orden del día figuraba un informe del interventor de la institución, relativo al real decreto Ley 4/2012, promovido por el Gobierno central como mecanismo de financiación para que las administraciones públicas salden sus deudas con los proveedores.

El interventor de la Diputación ha manifestado que, una vez promulgado este real decreto Ley, la deuda de la institución con sus proveedores fue fijada en 2.078.000 euros, si bien a medida que avanzaban los días y se aproximaba el fin del plazo habilitado por el Gobierno central para acogerse a este instrumento, el pago de diversas facturas redujo a aproximadamente 378.000 euros la cuantía pendiente de abono a los proveedores de esta administración pública.

"Dada la escasa cuantía de la deuda pendiente de abono con los proveedores y la liquidez de esta casa, no es necesario un plan de ajuste y así se hará constar mediante un certificado", ha manifestado el interventor de la Diputación, toda vez que el mencionado real decreto Ley facilita a las administraciones mecanismos de financiación de tales deudas, pero, como contrapartida, obliga además a las entidades adheridas a implantar medidas de ajuste económico.

A tal efecto, el presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado que a tenor del informe del interventor, "es preferible no someternos a lo que implica un plan de ajuste".