En declaraciones a los periodistas antes del Pleno, el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Martín, ha señalado que el importe de las facturas de la Diputación en este plan de pagos asciende a 13 millones de euros, sumando la Empresa Provincial de Vivienda y el Patronato de Turismo, una cifra "modesta" a juicio del portavoz en relación al presupuesto del ente provincial.
En esta línea, Martín ha insistido en que el plan de ajuste de la Diputación será "de los menos agresivos" de la provincia, ya que ahorra "exclusivamente a base de ingresos que hasta ahora no se venían realizando y que ya están incluidos en los presupuestos".
En este sentido, se ha referido al tratamiento de residuos por el que ingresarán 800.000 euros anuales, y por otra parte, a medidas que ya se han tomado como el ahorro den alquileres, que asciende a más de 900.000 euros, por lo que la suma de ambos ofrece 1,7 millones de euros, que a su juicio "permite de sobra la devolución de las cuotas correspondientes cada año a esos 13 millones".
No obstante, ha remarcado que hay algunos puntos de este decreto que "no son satisfactorios", ya que, según ha señalado José Martín, "no es de recibo que se preste el dinero a los bancos al uno por ciento y se le vaya a cobrar a las entidades locales en torno a un cinco por ciento".
Del mismo modo, ha mostrado su "preocupación" por la situación de los municipios en los que los planes de ajuste son "bastante más agresivos y que van a tocar el capítulo uno --el de personal-- y se verá afectado el conjunto de servicios que se presta a la ciudadanía", por lo que ha asegurado que al respecto la Diputación "tendrá especial cuidado".
Por su parte, el viceportavoz del PP en la Diputación, José Domingo Doblado, ha criticado el plan de ajuste que va a llevar a cabo la Diputación porque es "indefinido y queda en el aire al prever la subida del PIB", no obstante ha tildado de "importante" la medida puesta en marcha por el Gobierno central porque va a permitir que proveedores y autónomos "cobren miles y miles de millones de euros que tienen pendiente con las instituciones políticas; va a crear empleo y va a permitir que muchos trabajadores puedan conservar sus puestos de trabajo".
"PROBLEMAS IMPORTANTES" EN LOS MUNICIPIOS
Por último, el portavoz de IULV-CA, Rafael Sánchez Rufo, ha matizado que este decreto ley "no tiene consecuencias negativas" para la Diputación porque con un remanente positivo en los presupuestos "no obliga a la aplicación de un plan de ajuste duro", no obstante ha manifestado que sí tendrá consecuencias negativas para las administraciones locales donde "está creando problemas importantes".
Sánchez Rufo ve "necesario" abordar el problema de las deudas de las instituciones con los proveedores, pero con esta medida, según ha incidido, "quien gana es la banca y pierden los empleados municipales y la mayoría social, que van a sufrir una merma en la calidad de sus servicios e incremento de los impuestos". Por lo que cree que es "una solución errónea a un problema real", ya que lo ideal a su juicio sería abordar la situación desde "instrumentos de financiación pública que no mermen la calidad de los servicios ni los derechos laborales".
