El sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y presidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Gregorio Serrano (PP), ha defendido este martes ante el Grupo municipal socialista las contrataciones de despachos de abogados promovidas por esta compañía participada mayoritariamente por el Consistorio hispalense. Frente a las críticas de la concejal socialista Mercedes de Pablos, Serrano ha negado cualquier "ilegalidad o incompatibilidad" y ha recordado que todas estas contrataciones han sido elevadas al consejo de administración de la empresa, del que toman parte todos los grupos municipales.

Mercedes de Pablos había señalado la contratación, a manos de Mercasevilla, del bufete de abogados Garrigues. En este bufete, como se ha hecho público, presta sus servicios en prácticas y con una retribución total de 28.000 euros brutos anuales el hijo del propio alcalde de Sevilla, quien públicamente ha defendido que su hijo no es un "conseguidor", sino "un estudiante que trabajará de lo que le encarguen en un despacho con más de cien abogados".

DOS ABOGADOS IMPUTADOS EN LOS ERE

Dos de los miembros de este despacho de abogados, además, han resultado imputados en las diligencias que incoa la juez Mercedes Alaya en cuanto a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubiertas en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a los fondos autonómicos. Del mismo modo, había rememorado que la esposa de uno de los socios de este despacho de abogados figura en el organigrama del Real Alcázar de Sevilla, cuyo patronato depende del Ayuntamiento.

Igualmente, había señalado al bufete de abogados García Navarro y Fuster Asociados, porque una de las socias de este despacho, Lourdes Fuster, podría estar asumiendo por parte de Mercasevilla todo lo que afecta al delito societario", toda vez que este despacho de abogados ejercería en nombre del PP "la acusación en el caso de Mercasevilla". "Es, prácticamente, el despacho de cabecera del PP", ha señalado recordando que el abogado Luis García Navarro fue diputado provincial del PP y es secretario adjunto del consejo de la Radiotelevisión andaluza (RTVA) a propuesta del PP.

LOS IMPUTADOS DEL PSOE

Serrano, a tal efecto, ha dicho a Europa Press que es "lamentable e impresentable" que los socialistas "cuestionen la legalidad de estas contrataciones, cuando tienen a una docena de imputados en el caso Mercasevilla", investigado también por la juez Mercedes Alaya. A tal efecto, ha rememorado las supuestas "corruptelas" perpetradas en Mercasevilla por los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos pertenecientes al PSOE hasta que estalló el asunto.

En cuanto a la contratación del despacho Garrigues, Serrano ha considerado "muy miserable que el PSOE use al hijo del alcalde", porque en el momento en el que fue contratado este despacho de abogados, el joven en cuestión "estaba estudiando oposiciones a inspector de Hacienda". "Eso cae por su propio peso. Han pinchado en hueso", ha dicho desligando la contratación de este despacho de abogados del rol que juega el hijo de Juan Ignacio Zoido en dicho bufete. Igualmente, ha recordado que el despacho Garrigues es "un despacho de categoría mundial".

A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS

En cuanto a Lourdes Fuster, ha señalado que su contratación responde a su trayectoria profesional como "una de las abogadas que más sabe del caso Mercasevilla", por lo que fue contratada "por su amplísimo conocimiento del asunto". No obstante, ha defendido que en ambos casos, las contrataciones han "seguido los procedimientos" marcados por las regulaciones de la empresa mixta de Mercasevilla, dando además cuenta de tales contrataciones al consejo de administración de la empresa.

"Ni ilegalidad ni incompatibilidad", ha zanjado Gregorio Serrano, quien ha defendido la "legalidad y honestidad" de estas contrataciones y ha avisado a los socialistas de que cuentan con toda la documentación para comprobarlo, recordando asimismo que los populares restituyeron a la oposición en el consejo de administración de Mercasevilla después de que el anterior gobierno socialista promoviese una reestructuración del consejo de administración saldado con la "expulsión" del PP.
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