La concejal socialista Mercedes de Pablos ha reclamado este martes al alcalde hispalense, el popular Juan Ignacio Zoido, que aclare los "criterios" seguidos por la sociedad gestora del mercado central de abastos, Mercasevilla, para la contratación de los despachos de abogados encargados de su asesoría jurídica. Y es que De Pablos ha avisado de que esta empresa, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla, podría quizás haber incurrido en alguna "incompatibilidad jurídica o al menos deontológica".

En rueda de prensa, Mercedes de Pablos ha puesto sus ojos en la contratación, a manos de la sociedad mixta Mercasevilla, de cinco despachos de abogados, sobre todo a cuenta de los "indicios" que pesarían sobre dos de estos despachos de abogados. La sociedad mixta Mercasevilla, como es sabido, está siendo investigada por la juez Mercedes Alaya a cuenta de un posible delito societario, las supuestas irregularidades detectadas en la enajenación de sus suelos y el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en estas diligencias.

BUFETES DE ABOGADOS

Mercedes de Pablos, de cualquier modo, ha señalado la contratación, a manos de Mercasevilla, del bufete de abogados Garrigues. En este bufete, como se ha hecho público, presta sus servicios en prácticas y con una retribución total de 28.000 euros brutos anuales el hijo del propio alcalde de Sevilla, quien públicamente ha defendido que su hijo no es un "conseguidor", sino "un estudiante que trabajará de lo que le encarguen en un despacho con más de cien abogados".

Dos de los miembros de este despacho de abogados, además, han resultado imputados en las diligencias que incoa la juez Mercedes Alaya en cuanto a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubiertas en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a los fondos autonómicos. Del mismo modo, ha rememorado que la esposa de uno de los socios de este despacho de abogados figura en el organigrama del Real Alcázar de Sevilla, cuyo patronato depende del Ayuntamiento.

"DESPACHO DE CABECERA DEL PP"

Igualmente, ha señalado al bufete de abogados García Navarro y Fuster Asociados, porque "según las informaciones que tenemos, una de las socias de este despacho, Lourdes Fuster, podría estar asumiendo por parte de Mercasevilla todo lo que afecta al delito societario", toda vez que este despacho de abogados ejercería en nombre del PP "la acusación en el caso de Mercasevilla". "Es, prácticamente, el despacho de cabecera del PP", ha señalado recordando que el abogado Luis García Navarro fue diputado provincial del PP y es secretario adjunto del consejo de la Radiotelevisión andaluza (RTVA) a propuesta del PP.

"¿Cuáles son los criterios seguidos en Mercasevilla para estas contrataciones? ¿Cómo califica el PP que un despacho que actúa como acusación particular por el PP hubiera sido contratado institucionalmente por el Ayuntamiento?", ha preguntado retóricamente. "¿No hay una incompatibilñidad jurídica o al menos deontologica?", ha cuestionado finalmente la concejal socialista.