La juez Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos, reclama a la Junta la "copia íntegra" de absolutamente toda la documentación de los 21 expedientes de ayuda ya solicitados en un auto previo el pasado 27 de septiembre. Igualmente, reclama el informe que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, encargó en julio de 2010 al consejero de Empleo, Manuel Recio, sobre la tramitación de la orden dictada por el segundo de ellos para encomendar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) "la materialización referente a los programas sociolaborales y las ayudas excepcionales dependientes de los mismos".
Los abogados de CCOO y UGT sopesan reclamar la comparecencia de Alfredo Sánchez Monteseirín, anterior alcalde de la ciudad
El Juzgado de lo Social número ocho ha suspendido, finalmente, la vista oral fijada para este miércoles en torno a la demanda promovida por el grueso de extrabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, de cuyas rentas se desliga la Consejería de Empleo. Según la representación de los prejubilados, la Consejería "no ha entregado" la documentación requerida sobre las transferencias consumadas en favor de la aseguradora contratada para las pólizas de seguro de rentas, porque tal aspecto habría correspondido a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que ahora será incluida en la propia demanda.
La vista oral, en concreto, había sido fijada para las 10,00 horas, toda vez que mediante esta demanda, el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 reclama los "compromisos" de pago de dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros.
Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha informado a la salida de los juzgado de que el juicio "ha sido suspendido", pues por una parte, "la Junta no ha entregado una documentación que habíamos solicitado sobre los pagos realizados a la aseguradora 'Generali', argumentando que eso lo gestionaba la agencia IDEA". Pero además, esta compañía aseguradora, contratada para las pólizas de seguro de rentas asociadas a las prejubilaciones de este ERE, "ha entregado hoy mismo" la documentación que le había sido requerida y "no ha habido tiempo para analizarla". En cuanto a las cuestiones elevadas al Ayuntamiento por los abogados de las uniones provinciales de CCOO y UGT, tampoco habrían sido respondidas, derivando todo esto en la suspensión de la vista oral.
NUEVO SEÑALAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA A IDEA
Así, y siempre según Rafael Domínguez, el Juzgado de lo Social número ocho ha fijado nuevamente la vista oral para el 17 de mayo a las 09,30 horas, concediendo a los demandantes un plazo de cuatro días para ampliar a la agencia IDEA sus acciones judiciales. El presidente del comité de empresa de Mercasevilla ha confirmado que la demanda será extendida a la agencia IDEA y, en cuanto al papel del Ayuntamiento, ha anunciado que los abogados de CCOO y UGT sopesan reclamar la comparecencia del anterior alcalde hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).
Esta demanda, como se ha informado, fue firmada por 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007. La demanda en cuestión, según había informado a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora 'Vitalia Vida'.
LA PREJUBILACIÓN DE GARRIDO SANTOYO
Como se recordará, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien fue detenido en el marco de las actuaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la trama de prejubilaciones fraudulentas investigada en Andalucía.
EL ERE DE 2007
Para ser más precisos, la investigación del ERE de 2007 comenzó con las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados por el Juzgado de Instrucción número seis tanto en estas actuaciones, como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por ambos y las posibles irregularidades detectadas en la enajenación de los suelos del mercado central de abastos.
Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
