Esta modificación, que se ha aprobado con el único respaldo del PSOE y el rechazo de PP e IU, recoge también la reducción de la representación pública, el reforzamiento de la capitalización y el de la profesionalización de la gestión, ya que establece la imposibilidad de simultanear un puesto en sus órganos de gobierno con un cargo político electo o un alto cargo en la Administración, para lo que se establece un plazo máximo de tres años.
Mediante esta adaptación se regulan las figuras de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP); el ejercicio indirecto de la actividad de las cajas a través de bancos, y la transformación en fundaciones que gestionen la obra social.
Estos modelos deberán acordarse por una mayoría reforzada, de dos tercios, en asamblea general, y en el caso de las dos primeras opciones (SIP y bancos), la autorización corresponde a la Consejería de Economía, mientras que la tercera será autorizada por el Consejo de Gobierno.
En el caso de ejercicio indirecto de la actividad financiera mediante un banco, para las cajas foráneas que operan en el territorio mediante un SIP o banco, la norma prevé la obligación de reinvertir en obra social en Andalucía en proporción con los recursos captados o depósitos en la Comunidad.
En el caso de que la caja decidiera transformarse en una fundación de carácter especial, la obra social de esa fundación se someterá a la Ley de Cajas y la Consejería de Economía ejercerá el protectorado sobre esa fundación.
Además, la fundación deberá tener un patronato con un máximo de veinte miembros, al que se unirá un representante de la Consejería de Economía, con voz y sin voto, y Economía podrá también establecer reglas sobre el funcionamiento de dicho patronato.
Este patronato deberá reflejar en su composición la misma proporcionalidad de grupos públicos y privados que figuraban en los órganos de gobierno de la caja transformada.
Los representantes originarios podrán formar parte del primer patronato de la nueva fundación y permanecer en el cargo por el tiempo que les reste hasta la finalización de sus mandatos.
Un elemento recogido es la posibilidad de emitir cuotas participativas en los órganos de gobierno, donde el decreto ley introduce como novedad la concesión de derechos políticos a sus titulares, que requerirá de la autorización de la Junta.
Respecto a la profesionalización en el gobierno y la gestión, la norma recoge la desaparición del representante de la Consejería de Economía en la comisión de control, incorpora un representante de la Junta en la comisión electoral y también que haya dos de Economía en la comisión de obra social, con voz pero sin voto.
La nueva norma introduce el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de gobierno, y se deberán remitir a la Junta los informes de gobierno corporativo de las cajas, pero también el informe de remuneraciones del consejo de administración y comisión de control.
Por otro lado, las incompatibilidades se refieren a la imposibilidad de estar en los órganos de gobierno con un cargo político electo o un alto cargo en la Administración, para cuyo cumplimiento se establece un plazo máximo legal de tres años.
En relación con las retribuciones de los miembros de los órganos, el decreto ley prohíbe la percepción simultánea de dietas y sueldos.
Tras aprobarse la norma, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha dicho que esta norma va a reforzar el sector financiero andaluz, ya que su finalidad es fortalecer a las cajas de ahorro y que el flujo del crédito sea la característica.
El parlamentario del PP Carlos Rojas ha lamentado que el Gobierno andaluz continúe con su actitud de "soslayar" a la oposición, como lo prueba que no haya hablado con su partido para la aprobación de esta normativa, en una actitud "prepotente" que en el caso de esta ley se ha encontrado "con el rodillo socialista".
Los populares votaron en contra de la normativa andaluza después de que la mayoría socialista rechazara la totalidad de las 25 enmiendas presentadas al texto normativo.
José Manuel Mariscal (IU) ha asegurado que con la aprobación de esta ley se ha perpetrado "uno de los mayores robos a la ciudadanía de los últimos tiempos", ya que gracias a los acuerdos entre el PSOE y el PP el 50 por ciento del ahorro "se les da a los que han propiciado la crisis económica, a los banqueros y especuladores".
Según el dirigente de IU, la aprobación de esta adaptación de la Ley de Cajas es "un paripé, porque no afecta a nadie e Andalucía", por lo que ha señalado que "la cuestión es si avanzamos en un modelo económico y si entregamos la joya de la corona a los especuladores".
