El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los más expansivos de la democracia española, con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto, que incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que el objetivo de estos Presupuestos, los terceros del Gobierno de coalición y los últimos de esta legislatura, es poder transitar un momento de "enorme incertidumbre" por la guerra de Ucrania, al tiempo que ofrecen "seguridad y estabilidad" a las familias y lanzan un "claro mensaje" al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de la economía española.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado que las nuevas cuentas públicas se sustentan en una previsión de crecimiento del 2,1% para el próximo año, que ha calificado de "prudente", y anticipan un deflactor del PIB del 4% para este año y del 3,8% para 2023. El deflactor del consumo privado se estima en el 7,7% en 2022 y en el 4,1% para el próximo ejercicio.

Sobre la evolución del mercado laboral, Calviño destacó que a finales de 2023, el Gobierno espera que haya 21 millones de personas ocupadas y que la tasa de paro se sitúe por debajo del 12%.

Los nuevos Presupuestos incorporan el paquete fiscal anunciado recientemente, que incluye el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, la rebaja del IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

Con un gasto social récord, con estas cuentas el Gobierno busca reforzar la sanidad, --especialmente la atención primaria--, la educación, la dependencia o las becas de cara al próximo año. Además, el PSOE y Unidas Podemos han acordado el despliegue de una Ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación, el impulso de una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años y se asimilarán las familias monomarentales, con dos hijos, a la actual categoría de familias numerosas.

Montero ha recordado que el límite de gasto no financiero para 2023, conocido como 'techo de gasto', que asciende a 198.221 millones de euros, un nuevo récord, superior en un 1,1% al de 2022, incluyendo 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que el año pasado.

En cuanto a la deuda, Calviño ha explicado que en 2023 seguirá la senda descendente iniciada tras la pandemia gracias al crecimiento económico y la reducción del déficit público. En concreto, se situará en el 112,4% del PIB.

SUBIDA DE SUELDO DE FUNCIONARIOS Y REVALORIZACIÓN DE PENSIONES

Con estas cuentas, los funcionarios verán crecer su retribución un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.

La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023, de acuerdo con lo acordado con los sindicatos CCOO y UGT.

Las cuentas del próximo año tendrán que hacer frente también a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC interanual del mes de noviembre, que podría situarse entre el 7% y el 8%, según los expertos, lo que supondrá un esfuerzo presupuestario importante.

Previsiblemente las cuentas públicas podrían llegar al Congreso de los Diputados la próxima semana. Ese día, el Gobierno presentará el 'libro amarillo', en el que se exponen las principales cifras del Presupuestos para 2022, acompañado del informe obligado de género, de informe de cómo avanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el informe de infancia, adolescencia y familia, además de una separata sobre juventud.