El Gobierno de Pedro Sánchez ha batido récords en el uso del decreto ley en España, según un informe de la fundación Civio que ha analizado el empleo de esta figura legislativa del Ejecutivo desde 1996 hasta la actualidad.

Según el estudio de la fundación Civio, dedicada a investigar la acción de gobiernos y servicios públicos, el actual Ejecutivo ha pasado de 70 a 1.000 páginas anuales de decretos leyes.

La fundación ha denunciado el abuso que durante años se lleva haciendo de esta "prerrogativa" que permite a los gobiernos aprobar de forma unilateral y directa medidas con rango de ley, que solo requieren la convalidación del Congreso pero no tienen que superar todo el trámite parlamentario. 

Desde el inicio del primer mandato del expresidente popular José María Aznar hasta hoy, se han aprobado 467 decretos ley en España, "pese a que la Constitución española lo reserva para casos de extraordinaria y urgente necesidad", han criticado.

El uso de esta figura normativa se ha ido incrementando "mandato a mandato" desde 1996, reflejando "cifras récord" en las legislaturas de Sánchez, que lleva aprobados hasta ahora un total 125 decretos leyes con una media anual de 918 páginas. 

“El uso, o abuso, de esta figura no se puede medir solo por el número de decretos leyes aprobados, puesto que no es lo mismo una sola página de medidas urgentes como respuesta a una catástrofe, que modificar 42 normas de golpe en un único decreto ley”, ha explicado Eva Belmonte, codirectora de Civio. 

Se ha referido así Belmonte al decreto ley que "más normas" ha modificado en estos 26 años y que fue aprobado en 2012 por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy. 

“Lo mismo quitó la paga extra a los funcionarios que subió el IVA, bajó la prestación por desempleo, liberalizó horarios comerciales y rebajas o privatizó gestiones, entre muchas otras cosas”, ha recordado la codirectora. 

Civio también ha apuntado, no obstante, que el récord del decreto más extenso desde 1996 (252 páginas) lo ostenta el actual Ejecutivo y se corresponde con la resolución aprobada el 5 de febrero de 2020 que transpuso seis directivas europeas, además de eliminar una medida anticorrupción en los contratos menores. 

Desde la organización han recalcado que entre 1996 y 2022 "solo" cuatro decretos leyes no han sido convalidados por el Congreso, lo que "demuestra la eficacia del uso ventajista de esta vía legislativa para que un ejecutivo impulse su agenda sin pasar por las Cortes".