El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha sido detenido por la Policía esta mañana nada más aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria en un avión privado procedente de Miami (EEUU), según ha confirmado a Efe un portavoz del cuerpo.

Ramírez tiene pendiente desde el pasado jueves una orden de busca y captura dictada por el Juzgado número 6 de Las Palmas de Gran Canaria por no haberse presentado a declarar como imputado en una querella interpuesta contra él por la Fiscalía por un delito contra la Seguridad Social, en unos hechos relacionados con la política salarial de Seguridad Integral Canaria, sociedad de la que es accionista de referencia.

Desde el momento en que llegó al aeropuerto, poco antes de las 8.00 horas, el empresario grancanario está arrestado en dependencias policiales, mientras se tramita su entrega al juez que lo ha reclamado.

El juez encargado del caso, Luis Francisco Galván, le había enviado el 13 de marzo una citación para que compareciera a declarar el 19 de abril, pero Ramírez salió de España once días más tarde con destino a Miami, si bien con un billete de regreso que le permitía estar en la isla el 5 de abril.

Sin embargo, Ramírez no hizo uso de ese billete, y el 11 de abril compró otro pasaje para volver a Gran Canaria vía Madrid el 24 de marzo.

El magistrado que instruye la querella de la Fiscalía consideró que con ese cambio de billetes, hecho a sabiendas de que tenía que acudir a declarar, el empresario demostraba una conducta "obstativa, contumaz y rebelde" contra su citación, que podría estar destinada a dilatar su presentación ante el Juzgado o incluso a "sustraerse" de la acción de la Justicia, según argumentaba en el auto de detención.

Por ello, dictó una orden dirigida a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que lo localizaran, detuvieran en cuanto pisara suelo español y lo entregaran de inmediato a su juzgado.

La querella de la Fiscalía contra Ramírez plantea que Seguridad Integral Canaria ha podido defraudar una cantidad importante en cotizaciones a la Seguridad Social, al pagar a sus trabajadores salarios por debajo de los estipulados en el convenio colectivo nacional del sector de la vigilancia privada.

Tras aprobarse la última reforma laboral, Seguridad Integral Canaria se descolgó de ese convenio y se dotó de un pacto laboral particular de empresa, con salarios muy inferiores a los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas convocadas por administraciones de todo el país.

Sin embargo, el Supremo acabó anulando su convenio y condenando a la empresa a pagar a su plantilla con carácter retroactivo los salarios del nacional, lo que condujo a Seguridad Integral Canaria, junto a otras circunstancias, a declararse en concurso de acreedores en diciembre pasado.

Ramírez tiene abierta otra investigación penal en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, también relacionada con la política salarial de Seguridad Integral.

En ella, la Fiscalía le acusa de un fraude millonario a la Seguridad Social, por haber pagado sistemáticamente a su plantilla de vigilantes las horas extras como si fueran dietas, que tributan menos. EFE