El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a pedir al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya, un informe para que explique su postura sobre una queja presentada por el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera; concretamente sobre una segunda ampliación de una queja --la inicial y la primera ampliación ya fueron archivadas-- donde muestra su disconformidad con las supuestas irregularidades en la designación de los administradores judiciales, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
En esta ampliación, Ruiz de Lopera expuso que la "incredulidad" de la juez ante su queja sobre la relación del administrador judicial Francisco Estepa con su marido, Jorge Castro, y sus declaraciones de que eran "bulos periodísticos" contrastan con lo publicado en algunos medios de comunicación que "acreditan la existencia de una relación profesional de abogado-cliente entre el administrador judicial" y el esposo de Alaya.
Según destaca el empresario sevillano, a ello se añade que también el propio Estepa ha emitido un comunicado público en el que reconoce haber sido abogado defensor del marido de la titular del Juzgado, "dejando en evidencia las afirmaciones realizadas en la resolución judicial, que resultan por tanto ser falsas".
Por ello, el expresidente bético mantiene que esas "incidencias" pueden "dejar al descubierto un anormal funcionamiento" del juzgado, "que oculta a las partes el modo de selección y designación de los administradores judiciales e incluso introduce hechos inveraces en sus resoluciones".
Así las cosas, dentro del procedimiento habitual, una vez recibida la queja, el CGPJ ha pedido a la juez un informe para que explique el nombramiento. Se trata de un trámite que se hace con todas las quejas que recibe el órgano de gobierno de los jueces y de forma muy previa a que el asunto sea transmitido al promotor de la acción disciplinaria, han explicado fuentes del Poder Judicial.
RECURSO DE ALZADA CONTRA LA AMPLIACIÓN
Por otro lado, Ruiz de Lopera ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del CGPJ de archivar la queja inicial y la primera ampliación y con el que pide a la Comisión Permanente que deje sin efecto el acuerdo de archivo al considerar hay una errónea interpretación de la finalidad de la queja cuando se dice que ésta consiste en una "disconformidad con las resoluciones judiciales".
El empresario mantiene que esa afirmación inexacta y equívoca justifica el archivo pero añade que la lectura de la queja permitirá comprobar que en ella se denuncian comportamientos judiciales ajenos a las facultades jurisdicionales y, por ello, susceptibles de corrección disciplinaria si se comprobara su realidad.
El recurso de alzada presentado también se queja de que la resolución del promotor que archivó la queja deja sin respuesta las denuncias sobre comportamientos judiciales denunciados con trascendencia disciplinaria.
