El juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el FC Barcelona y José María Enríquez Negreira por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Según el Ministerio Fiscal, estos pagos realizados por el club catalán entre 2001 y 2018 y que ascienden a 7,3 millones de euros, podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Además del FC Barcelona y Enríquez Negreira, aparecen como denunciados los expresidentes del club catalán Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el exdirector general de la entidad Óscar Grau y el exdirector de Deportes Profesionales Albert Soler.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada de refuerzo del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Silvia López Mejía, también admite a trámite la querella interpuesta por el exárbitro Xavier Estrada Fernández contra Enríquez Negreira y la mercantil Dasnil 95 SL por un presunto delito de corrupción deportiva o fraude deportivo.

El que fuera vicepresidente del CTA entre 1993 y 2018 facturó, a través de las sociedades Dasnil 95 SL, Nilsad SCP y Soccercam SL, sus servicios al FC Barcelona, que según la entidad azulgrana consistían en informes de árbitros, 'scouting' y fútbol base.

En el caso de Soccercam SL, propiedad del hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, los servicios que presuntamente prestó al Barça entre 2016 y 2018 no los facturó directamente al club catalán, sino que lo hizo a través de una tercera empresa propiedad de Josep Contreras, entonces miembro de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu.

Según el auto, este 'modus operandi' evitó "que Javier Enríquez Romero fuera contratado directamente por el FC Barcelona para no relacionar el apellido Enríquez con el club".

La investigación de estos hechos presuntamente delictivos tienen su origen en julio de 2019. Entonces la Agencia Tributaria inició una inspección al Barça por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 y del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2015, 2016 y 2017, por los pagos efectuados en relación a las facturas giradas por las empresas vinculadas a Enríquez Negreira.

En dicha inspección, el fisco requirió al club que identificara "a los profesionales, técnicos o personal auxiliar que desarrollaron esos servicios" y que entregara copia "de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico".

Ante la respuesta del FC Barcelona "de que no se había encontrado la documentación requerida", la inspección fiscal consideró no deducible el gasto, "de tal manera que las facturas perdieron la presunción de validez.

Según la denuncia de la Fiscalía que recoge el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, la entidad azulgrana, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, "alcanzó y mantuvo un acuerdo, estrictamente confidencial, con José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club".

Por todo ellos, la jueza ve indicios de la existencia de un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil que deben ser investigados.

En el auto, da por comparecida como acusación particular en este procedimiento a La Liga de Fútbol Profesional y ordena la investigación de los hechos denunciados a la Guardia Civil.