La Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig) ha hecho extensiva las reivindicaciones y petición de responsabilidades al resto de Andalucía, en concreto a las provincias de Cádiz y Jaén, tras la reunión de la mañana de este sábado en el Hotel Averroes de la capital cordobesa, en la que también han concluido que el "abandono" de las administraciones competentes podría llegar a ser una "cuestión penal" si "ocurriera alguna desgracia".

   En una nota, el presidente de la plataforma, Francisco León Corral, ha señalado sobre la reunión que ha sido "la primera de gran magnitud" tras las sentencias condenatorias a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y es que la Audiencia Nacional ha condenado a la Junta como responsable de los siniestros provocados por las riadas de 2010 al considerar que hubo negligencia en la gestión del desembalse de los pantanos que entonces estaba en manos de la Agencia Andaluza del Agua, así, en la mayor parte de los casos, las condenatorias obligan a la Junta a pagar la totalidad de los daños sufridos por las explotaciones agrarias cuyas cantidades oscilan entre los 50.000 y 300.000 euros.

   Respecto a las sentencias, resultado de una demanda interpuesta inicialmente por unos 28 agricultores de la capital cordobesa que sufrieron daños en sus propiedades como consecuencia del incremento del caudal, han señalado que "hubieran tenido solución si las administraciones competentes, Junta de Andalucía y administración central" --dependiendo del momento de los siniestros debido al cambio de las competencias-- y han criticado que estas continúen con una "dejadez total y absoluta" ya que los cauces de los ríos y arroyos "siguen estando tal y como estaban".

   Así, la Plataforma ha añadido que la Junta de Andalucía "si ha dedicado fondos para prevenir las inundaciones", sin embargo, señalan que estos fondos "han ido a parar a Marruecos para prevenir las inundaciones en el Río Loukkos (Larache)". También, la Plataforma ha exigido responsabilidades al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP) de quien han felicitado por "su energía hacía la Junta de Andalucía por las sentencias", aunque le han recordado que "desde 1999 hay proyectos pendientes que podrían haber salvado la situación" además del Pleno del Consistorio se "llegaron a acuerdos al respecto que aún duermen el sueño de los justos".

   Asimismo, han subrayado que desde Europa se viene llamando la atención para que se soliciten ayudas para estos casos y sin embargo que "nadie ha movido un dedo hasta ahora, ni aún a dinero regalado: el colmo de los colmos. Habrá que justificar el por qué de estas conductas", ha apostillado Corral.

   En este sentido, el colectivo ha explicado que existen más motivos para seguir exigiendo responsabilidades a las diferentes administraciones debido a los "daños psicológicos y morales" ya que los afectados por estas inundaciones cuestionan "cómo se puede compensar ese continuo sin vivir dado que se sigue en la misma situación de incertidumbre de no aprestarse las distintas administraciones a cumplir con la obligación principal: el velar por la salud y la seguridad de la ciudadanía con respecto a vidas y haciendas".

   Finalmente, el presidente de la plataforma ha hecho un llamamiento a todas las entidades asociativas que han "arrimado el hombro" en estas reivindicaciones las cuales "demuestran sus deseos de implicación y lo hacen a través de sus representantes, a los cuales les pedimos que sigan luchando, reivindicando y exigiendo todos a una, tal como lo han venido haciendo hasta la fecha y, a los que se incorporan desde este momento, les animamos a perseverar en lo dicho".

POSICIÓN DE LA JUNTA

   Mientras, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, manifestó la semana pasada en Córdoba su respeto por las sentencias de la Audiencia Nacional, si bien apuntó que "habría que ver" si cuando la Junta recibió las competencias, "los cauces estaban limpios o no".

   De este modo, la consejera comentó que "los servicios jurídicos de la Junta estudian la sentencias y una vez que se analicen, si cabe recurso se recurrirán y si no se acatarán", porque, según agregó, "las respetamos, pero no las compartimos".

   Además, explicó que "las competencias y la gestión del Guadalquivir las tuvimos durante dos años", a lo que añadió que "los cauces de los ríos no se ensucian de un día para otro", motivo por el que cree que "habría que ver si cuando recibimos las competencias y la gestión los cauces estaban limpios o no".

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO

   Por su parte, el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, subrayó que "el tiempo da la razón", después de que se están produciendo las distintas sentencias, en las que "se llega a la conclusión de que la gestión que hizo la Agencia Andaluza del Agua de sus obligaciones en el control de cuenca fueron absolutamente nefastas".

   En este sentido, apuntó que "se producen sentencias recurrentes en los argumentos todas" y que "obligan a que los daños que se produjeron, que fueron cuantiosos, los tenga que asumir la Junta y tenga que indemnizar a los agricultores y las instituciones que se vieron afectadas por los daños, que se podían haber evitado, como se evitaron en las últimas lluvias importantes cuando la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG) recuperó la gestión de cuenca".

   Para Nieto, es un tema "muy grave, que intuíamos por los datos que tenemos y que se denunció en el Parlamento de Andalucía", con una intervención de la actual alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, "donde se denunciaba la absoluta incompetencia de quien dirigía la Agencia Andaluza del Agua".

   Entretanto, recordó que dicha riada "afectó mucho en Córdoba", pero es un tema regional que "ordenará y se llevará al debate que merece en el Parlamento", aunque puntualizó que como alcalde analizará la sentencia para que "en la parte que afecta a la ciudad y obligó al Ayuntamiento a un sobreesfuerzo enorme, estudiar qué acciones se pueden desarrollar".