La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, ha avanzado este viernes que las oficinas contra los desahucios de la Junta de Andalucía utilizarán en adelante durante la negociación con las entidades financieras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre los desahucios en España, "una herramienta muy poderosa que permitirá a partir de ahora defender con mayores garantías los derechos de las familias en riesgo de ser expulsadas de sus casas".

   Cortés ha hecho este anuncio antes del acto de firma del convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda con los alcaldes de Montalbán y Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba, Miguel Ruz y Francisca Ruiz, respectivamente, al tiempo que ha explicado que su departamento ha celebrado "una jornadas de trabajo con el personal funcionario que atiende estos puntos de información y asesoramiento para analizar la sentencia de Luxemburgo y estudiar cómo incorporarla a los servicios de prevención e intermediación que prestan a las familias con el fin de ofrecer la mejor atención posible".

   La consejera ha señalado que "a los afectados que recurran a este programa se les informará de las nuevas y mejores opciones con las que cuentan para defender sus derechos después de este histórico pronunciamiento jurídico", y también ha resaltado que "las oficinas contra los desahucios pondrán en conocimiento de la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, todas las cláusulas abusivas detectadas en los préstamos hipotecarios firmados por las familias que soliciten los servicios de estos puntos de atención para que la Administración pública pueda intervenir".

   Cortés ha explicado además que su departamento está estableciendo contacto con las federaciones y organizaciones de consumidores para "reforzar los lazos de colaboración con la Junta que permitan mejorar la atención de los afectados y derivarlos a las oficinas contra los desahucios". Y es que, "debemos seguir ampliando el bloque social e institucional andaluz contra los desahucios", ha indicado la titular de Fomento y Vivienda.
ADHESIÓN DE UNOS CIEN AYUNTAMIENTOS EN LA REGIÓN

   Las nuevas adhesiones formalizadas este viernes incrementan la cifra de ayuntamientos andaluces que apoyan esta iniciativa hasta los 99, de los cuales 24 corresponden a la provincia de Córdoba. Concretamente, estos ayuntamientos son Montalbán, Fernán Núñez, Espiel, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, La Granjuela, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, Villaharta, Palma del Río, Posadas, Fuente Palmera y Almodóvar del Río.

   Con anterioridad han rubricado su participación los municipios de Belmez, Baena, La Rambla, Doña Mencía, Priego de Córdoba, Puente Genil y Castro del Río. La consejera ha recordado que además de los ayuntamientos se han unido al Programa la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Diputación de Huelva.

   "Esta forma de entender la vivienda como derecho y no como mercancía es lo que sustenta el trabajo diario de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda", que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, del 8 de octubre del pasado año al 25 de enero, evitaron 969 desahucios en toda Andalucía, 84 de ellos en Córdoba.
DETALLES DEL CONVENIO

   El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

   En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

   También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

   El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

   Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
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