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26/09/2021

Chiclana

Román señala que hay que convertir "la crisis en oportunidad" tras la anulación del PGOU

Destaca que “estamos en fase inicial de aprobación del nuevo documento, en fase de diagnóstico" y que se está estudiando pedir una aclaración al Alto Tribbunal.

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  • Román y Ana González.

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, han comparecido ante los medios de comunicación para explicar la sentencia que determina la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana. Así pues, el regidor chiclanero ha explicado que “es una sentencia muy importante, por las consecuencias que tiene para Chiclana y para toda Andalucía. Es una sentencia de ámbito regional, porque la caída de planes general es una acción que se repite en continuo. Hay que aclarar que quien aprueba o no los planes generales es la Junta de Andalucía y los ayuntamiento de toda Andalucía lo único que podemos hacer es seguir el procedimiento administrativo que nos marca la Junta. Es muy importante que esto quede claro, porque no es ninguna veleidad ni ninguna arbitrariedad del Ayuntamiento de Chiclana la que ha provocado la nulidad del Plan, sino que es la decisión administrativa que toma la Junta de Andalucía de cómo redactar el procedimiento del Plan General de Chiclana y otros 300 planes de Andalucía, la que está provocando las anulaciones de estos planes que se van aprobando”.

“Hay dos elementos principales que determinan la nulidad del Plan General, según marca la sentencia. Uno es la aprobación parcial del Plan y la otra es la evaluación ambiental estratégica”, ha explicado José María Román, destacando que, como dice la propia sentencia, “el Plan General de Chiclana tiene evaluación ambiental estratégica, pero no desde el inicio. Hubo un momento en la tramitación del Plan en el que nosotros fuimos a aprobar un documento, apareció entonces la sentencia de Marbella y dejamos en suspenso el trámite, haciendo una consulta a la Junta para ver qué teníamos que hacer. La Junta contestó cuatro meses después, dándonos las directrices de lo que teníamos que hacer. Eso fue lo que hicimos. Ante la duda, fuimos prudentes y paralizamos la aprobación del Plan hasta que la Junta nos dio por escrito lo que teníamos que hacer, porque la Junta es la administración competente en esto y la que debe marcar la pauta. Por ello, cuando el Plan General se anula, se le anula a quien lo aprueba, que es la Junta, y los dolientes somos las ciudades. Ahora el tribunal nos dice que ese procedimiento no fue adecuado. A lo mejor es la Junta la que también tiene que preguntar cómo tienen que hacerse las cosas, tal y como hicimos nosotros. Lo que no puede ocurrir es que los planes se le anulen a todas las ciudades, habiendo seguido los procedimientos que se nos dicen”.

“Según la información publicada, la  evaluación ambiental estratégica no fue correctamente tramitada porque no se formuló en la fase preliminar del borrador el plan y que la aprobación definitiva parcial infringía la normativa comunitaria nacional sobre la evaluación ambiental estratégica. Estas cuestiones las indica la Junta, no el Ayuntamiento ni ninguno de sus trabajadores, ni el alcalde ni la concejala de cuando se hizo este paso inicial, que fue con el Partido Popular. Con esto no quiero decir que el PP sea el culpable, porque cuando gobernó y no hizo lo que el tribunal dice ahora, es porque la Junta dijo cómo había que hacerlo. Igual que nosotros hemos continuado con las indicaciones de la propia Junta”, ha especificado el alcalde.

“Existe un marco nacional que es una iniciativa del Gobierno de España, que está en trámite de consulta pública que se conoce comúnmente como la ‘iniciativa sobre los planes tumbados’. Al haber tantos defectos formales que provocan estas nulidades, esta iniciativa terminará modificando la ley del suelo, que permitirá que cuando haya un defecto de forma, se pueda resolver ese defecto para que la tramitación de un Plan General con tantas informaciones públicas, no genere la anulación de todo el Plan, sino de solo la esa parte, continuando el resto del Plan. Estamos, además, en un momento crucial porque está la nueva ley de urbanismo de Andalucía, conocida como ‘La lista’ y que se aprobará y generará un marco distinto, del que no conocemos el alcance”, ha señalado el alcalde.

“Hemos pasado cinco años con el Plan que ahora se anula y esto nos ha dado muchos frutos, como es el crecimiento en Chiclana, convirtiendo la ciudad en un espacio que ha dado mucho rédito. Como ciudad hemos ido incrementando nuestra potencia económica, nuestra población y nos hemos ido haciendo más fuertes”, ha señalado José María Román, reseñando que “ahora vamos a analizar con los técnicos municipales el alcance de la sentencia y a qué afecta. Cuando seamos notificados formalmente y se publique la información en el BOJA, será cuando la sentencia será ejecutiva. A partir de ahí, entrarán en vigor las antiguas normas subsidiarias de 1987. Debemos valorar las cosas, ver los pros y los contra y convertir la crisis en oportunidad”.

En este sentido, el regidor chiclanero ha explicado que “la anulación del Plan hace que muchos suelos urbanos no consolidados, de las conocidas como áreas de gestión básica, pasen a ser suelos no urbanizables y, por tanto, les sea de aplicación el antiguo decreto 2/2012, modificado por el PP que es el decreto actual 3/2019. Es el decreto que permite a las viviendas que están en suelo no urbanizable y que tienen los servicios a pie de parcela, conectar con los servicios de agua y alcantarillado. En Chiclana, las estimaciones que tenemos son que, entre 600 y 1.000 viviendas podrían, acogiéndose al modelo de los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), hacer una conexión directa sin tener que revalorizar la vivienda”.

Con todo ello, José María Román ha explicado que, en los próximos días, “montaremos reuniones con grupos vecinales para informar de la situación. Al mismo tiempo, todos aquellos que sean conocedores de que tienen los servicios a pie de parcela, pueden ponerse en contacto para que se tramite el oportuno expediente de AFO y conectar los servicios de agua y alcantarillado. No es un elemento menor, porque la situación de estar sin Plan General y con normas subsidiarias va a ser un periodo que durará de tres meses a un año, de cara a la aprobación del documento sustitutivo, las normas sustantivas, que es un documento que tiene que aprobar la propia Junta de Andalucía. La Junta se comprometió con nosotros a que lo haría una vez que se anulara el Plan General y confiamos en que sea así. Este documento es transitorio de gestión de planeamiento que tendría una validez de tres años, un plazo en el que podemos generar la nueva gestión del planeamiento de la ciudad”.

“El decreto 3/2019 prevé la conexión de servicios a través de planes especiales. Es un proceso más largo y complejo, pero es lo que se prevé para las viviendas que no tienen el agua y el alcantarillado a pie de parcela”, ha especificado también el alcalde, reseñando otro aspecto que es que “el actual Plan General calificaba suelos urbanos como no urbanizables o urbanos no consolidado y esos suelos volverán a ser urbanos, pudiendo invertir ahora en estos espacios. Como consecuencia del Plan General había edificaciones que quedaban fuera de ordenación que ahora no quedarían fuera”.

En cuanto a los expedientes urbanísticos, el alcalde ha explicado que “los expedientes que no estén concluidos y que son sancionadores, tendrán una revisión, puesto que el plan que tramitaba estos expedientes ha sido anulado. Así, el expediente se retrotrae a su momento inicial”, destacando que “estos son algunos elementos con respecto a las oportunidades que se nos abren tres recibir la sentencia”.

“Además, estamos en fase inicial de aprobación del nuevo documento, en fase de diagnóstico y de plan de acción de la Agenda 2030, por lo que estamos repensando en la ciudad”, ha incidido el alcalde, destacando que “debemos desarrollar las normas sustantivas y pediremos una reunión a la Junta para agilizar lo que se pueda, se convocará la Junta de Portavoces para hacerles partícipes de todo esto y oír a los distintos portavoces del Pleno de la ciudad, así como convocaremos el Consejo de Urbanismo para información y recibir opiniones. También está constituida ya la mesa de la Junta para la agilización de los trámites del nuevo Plan General. Además, estamos valorando desde los servicios jurídicos solicitar una aclaración al tribunal por la situación del Plan General en cuanto al derecho transitorio sobre la transposición de la directiva europea, porque la Junta tenía un procedimiento correcto y en vigor. El tribunal no ha considerado este contexto y de ahí la consulta sobre la situación transitoria”.

Por su parte, Ana González ha explicado que, “ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, aunque no era firme porque este Gobierno tenía claro que iba a presentar los recursos de casación, el alcalde, con fecha 17 de abril de 2020, firma el inicio de la redacción del nuevo Plan General para que se inicien las acciones necesarias para la contratación de este nuevo documento, en previsión de que la sentencia pudiera llegar a ser firme, como así ha sido. Tras esto, se inician las consultas públicas, el pasado 10 de julio de 2020, preceptivas antes de iniciar ningún documento de Plan General. Se solicitó la mesa para la agilización de trámites del nuevo documento a la Junta el 30 de octubre de 2020; la Junta contestó y se formalizó dicha mesa el 10 de noviembre de 2020; se encarga a los servicios jurídicos un informe técnico, 29 de julio de 2021, para que digan cuáles pueden ser las posibles consecuencias de una sentencia de nulidad, con el objetivo de estar preparados por si llegaba el momento, sabiendo que la votación y fallo fueron el 13 de julio. Ahora toca desgranar la sentencia”.

La delegada de Urbanismo también ha especificado que “también se ha firmado el pliego de prescripciones técnicas del nuevo Plan General con fecha de 3 de septiembre de este año, para la contratación del documento de avance de Plan General, documento de inicio estratégico de la evaluación ambiental estratégica y de gestión de participación ciudadana. Esto va a ser próximamente licitado por la ley de contratos públicos para la redacción de los trabajos. Cuando llegamos en 2015 nos encontramos un Plan General que tenía diez informes desfavorables. Este Gobierno trabajó en ellos, porque es muy importante que una ciudad tenga un Plan General vigente, por lo importante que es para su economía. Al llegar sentencias como las de Marbella, fuimos prudentes y preguntamos para ver cuál era el procedimiento a seguir. Se nos contestó y continuamos siguiendo sus indicaciones, aprobando un documento de Plan General, que ha sido recurrido y del que nos ha llegado la sentencia. En previsión de que esto pudiera pasar, hemos trabajado, como queda claro por las acciones realizadas, para estar preparados y poder tener un nuevo documento. Hemos actuado con celeridad y como corresponde a este Gobierno, para que la ciudad pueda tener las menos consecuencias negativas posibles”.

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