Así al menos se lo ha comunicado el director de Desarrollo Sostenible, Manuel Cruz, al concejal del PSOE, Fernando León, durante la Comisión Informativa desarrollada ayer sobre dicha área municipal. Es más, el propio León llegó a afirmar que Cruz ha reconocido que ha habido “roces” con Aquagest por la manera en la que ha estado gestionando durante este periodo el alcantarillado.
Inclusive desde Desarrollo Sostenible se está a la espera de una serie de informes que tiene que emitir el jefe del servicio como paso previo a una posible sanción o no a la adjudicataria. De todas formas, también se apunta a que la empresa se ha comprometido a normalizar la situación a lo largo de este mes de diciembre.
Los incumplimientos
Según el concejal socialista, el principal incumplimiento de Aquagest durante estos dos meses y medio que lleva en el servicio está relacionado con el capítulo de personal que viene recogida en la plica aún vigente. En este sentido, en la misma se recoge que para las labores de mantenimiento del alcantarillado se contará con una plantilla formada por ocho operarios, un encargado y un administrativo. Pues bien, por el momento el número de operarios que está prestando el servicio es de seis, es decir, que faltan dos para llegar al cupo establecido en el contrato.
Además, según León, tampoco cuenta Aquagest en estos momentos con el material necesario para llevar a cabo determinadas labores específicas de la red de alcantarillado, como es el caso de las limpieza de los husillos.
Por todo ello, el edil del PSOE entiende que “una vez más se ha puesto en evidencia que el Gobierno municipal no ha hecho bien los deberes con respecto a este tema, puesto que se ha vuelto a equivocar en la adjudicación del contrato y debió de hacerlo mediante un concurso público, tal y como establece la ley”.
Y es que cabe recordar que el Ayuntamiento isleño no lo dudó dos veces y adjudicó directamente a dedo el pasado mes de septiembre la gestión del servicio a Aquagest, a pesar de que sobre la mesa tuvo otra opción como es el caso de la empresa Aqualia, que no entendía los motivos por los que el Gobierno local había tomado dicha determinación, llegando inclusive a presentar un recurso de reposición ante el alcalde isleño, Manuel María de Bernardo.
La nueva plica
Por otro lado, León también quiso conocer si se ha dado algún paso para sacar a concurso en el futuro el servicio municipal de alcantarillado. Al respecto, la respuesta que se le ha dado desde Desarrollo Sostenible ha sido clara en el sentido de que, por el momento, no va a haber nueva plica, ni nueva adjudicación de contrato, ya que se está a la espera de entre dinero en las arcas municipales para así poder aumentar el coste del servicio y será entonces cuando se saque a concurso su licitación.
LA FISCALÍA NO VE TRATO DE FAVOR
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia interpuesta por el PSOE de San Fernando contra las presuntas irregularidades en la gestión del alcantarillado y ha remitido el expediente a la justicia ordinaria, si así lo estiman los socialistas.
La desestimación tuvo lugar el pasado día 3 de este mes, según ha informado la Cadena SER, aunque aún no ha llegado a poder de los socialistas la notificación oficial. El propio concejal Fernando León manifestaba que esperaría al lunes para interesarse, mientras que el portavoz del PSOE, Fernando López Gil, aclaraba que en todo caso y una vez que no conoce la resolución, se referirá al presunto trato de favor por parte del Ayuntamiento, lo que entraría dentro de las competencias de Anticorrupción y no a las presuntas irregularidades que la empresa haya podido cometer.
De hecho, ayer mismo se informaba al concejal socialista del estado del expediente informativo abierto a la empresa, contra el que la UTE San Fernando no ha presentado alegaciones en el plazo establecido y que expiraba este jueves. Una actitud, la de la empresa, que según León viene a “desmontar todos los argumentos que puso sobre la mesa para señalar que dejaba el servicio para defenderse y presentar alegaciones”.
Hasta el momento, el juez instructor encargado del expediente abierto a la empresa ha tomado declaración a dos de los trabajadores, al jefe y al encargado del servicio, aunque el PSOE no ha podido tener acceso al cuestionario que se les ha planteado.
En este sentido, Fernando León tiene la “ligera sospecha” de que el Gobierno del Bipartito va a dar “carpetazo” al asunto y lo “único que hará es “sancionar a la empresa desde el punto de vista administrativo”. Para el representante socialista lo que debería de hacer el equipo de gobierno, una vez concluido el expediente, es personarse en el Juzgado y denunciar a la UTE San Fernando para que se pueda conocer “qué cantidad de dinero ha defraudo dicha empresa a los ciudadanos de La Isla”. Cabe recordar que el PSOE ha estimado que podría estar rondando los 600.000 euros.
León considera que el expediente va “demasiado lento”, además de que “no nos dejan aportar nuestras preguntas a los responsables del servicio, sigue existiendo una falta de transparencia absoluta por parte del equipo de gobierno y, sobre todo, se siguen sin depurar responsabilidades sobre quién tenía que custodiar y no lo hizo o quién quitó de la circulación los partes de trabajo del alcantarillado que desaparecieron de la Delegación de Vías y Obras”.
Por último, el socialista dejaba bien claro que “nuestro partido no se va a conformar con las conclusiones que se deriven de un expediente sancionador hacia la empresa y llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que se aclare todo lo que ha sucedido en los últimos meses con el alcantarillado”.
Las bombas de Venta de Vargas
El concejal socialista, Fernando León, resaltó que el Ayuntamiento aún no les ha entregado las certificaciones de las pequeñas obras realizadas por la UTE, ya que quieren demostrar que han existido “irregularidades” y que dichos trabajos han sido “firmados por personal no autorizado” e inclusive que “dichas obras no se hayan realizado”.
En este sentido, todavía colean las mejoras y reparaciones realizadas en la estación de bombeo de la Venta de Vargas, que tendrían que haber estado acabadas el pasado mes de febrero y que, a día de hoy, en el Ayuntamiento no se ha recibido por parte de la empresa una certificación en la que se indique que las obras están acabadas. Un documento que, al parecer, debe de ser utilizado por Desarrollo Sostenible para determinar que sanción le impone a la mercantil por no haber realizado el trabajo en el plazo que quedó establecido en el contrato.
