La Guardia Civil de Melilla ha dirigido una macrooperación en varias ciudades de España que ha prolongado durante dos años contra un sofisticado entramado financiero creado para obtener de forma fraudulenta Tarjetas de Transportes de Vehículos para el comercio fronterizo con Marruecos que se ha saldado con 581 personas detenidas o investigadas, puestas a disposición judicial. Las tarjetas tenían un coste oficial de 27 euros pero se revendían a 4.500 euros.
A través de un comunicado de prensa, la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha explicado que las operaciones denominadas 'Témpano' y 'Escarcha' se han desarrollado, además de en la ciudad española del Norte de África, en las provincias de Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia y Granada, en las que se han intervenido 553 Tarjetas de Transporte fraudulentas detectadas y anuladas.
Estas tarjetas se obtenían principalmente a través de gestorías administrativas en Tarragona y Gerona. El portavoz policial ha señalado que, si bien la tasa legal de una Tarjeta de Transporte es de unos 27 euros, cobraban a los interesados 4.500 por cada una de ellas.
Las tarjetas eran utilizadas en actividades comerciales relacionadas con el conocido como "comercio atípico" en la Ciudad Autónoma de Melilla mediante el cual, diariamente pasaban desde la Ciudad a Marruecos miles de bultos de mercancía por los conocidos como 'porteadores', que con esa actividad se ganaban su sustento diario.
Previamente, para trasladar esos bultos, desde los almacenes hasta el control fronterizo del Barrio Chino, donde se realizaba la actividad, se necesitaban para su transporte furgonetas o camiones, pieza angular de toda la trama, que contasen con la Tarjeta de Transportes en vigor, al tratarse de una actividad comercial.
El portavoz policial ha detallado que, al inicio de la operación, la Guardia Civil detectó que la mayoría de estos camiones o furgonetas eran muy antiguos y presentaban serias deficiencias técnicas, siendo las Tarjetas de Transporte relativamente nuevas y, además, el número de furgonetas "aumentaba de forma alarmante", incrementándose en poco tiempo hasta en un 112x1000, llegando a estar controladas del orden de unas mil quinientas furgonetas dedicadas a esta actividad.
'MODUS OPERANDI'
Las operaciones Témpano y Escarcha son una escisión de la Operación Calafate, explotada por la Guardia Civil en el mes de febrero de 2019, que se saldó con la detención de cuatro personas, la imputación de 77 y la anulación por auto judicial de 73 tarjetas de transporte por hechos de análoga naturaleza, aunque con procedimientos distintos.
La Guardia Civil ha explicado que a la mayoría de los vehículos que adquirían los interesados para dedicarse a esa actividad comercial no se les facilitaba por el Servicio Territorial de Transportes en Melilla la Tarjeta de Transportes, al apreciar antigüedad o deficiencias técnicas, por lo que en este grupo "idearon un sofisticado entramado fraudulento para ello".
Para su obtención, se valían de gestorías administrativas y empresas de alquiler de vehículos, que aportaban a la administración contratos ficticios de alquiler, de tal forma que los vehículos adquiridos por los interesados, finalmente formaban parte "de una flota de vehículos", acortando así la antigüedad del vehículo en cuestión y permitiendo que se le habilitase de forma legal la obtención de la tarjeta de transportes, en la modalidad de Tarjeta de Transporte de mercancías (Mercancías Discrecional Ligero MDL).
La presencia de los contratos de alquiler de vehículos en los expedientes presentados ante la administración, era básica y fundamental, para salvar el requisito esencial de la antigüedad del vehículo, amparándolo en la modalidad de "flota"; de ahí que las gestorías administrativas que tramitaban la solicitud, tuvieran que contar con la complicidad de empresas de alquiler de vehículos, que aportaban contratos ficticios de alquiler a nombre de los solicitantes.
Las Tarjetas de Transporte fraudulentas detectadas y anuladas, se han tramitado y obtenido en Tarragona 401 y Gerona 152, aportando a los expedientes domicilios fiscales de los interesados en Cataluña, cuando los solicitantes en su gran mayoría eran personas naturales y residentes en Melilla.
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
La Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha admitido que, dada la complejidad de la trama y su extensión, iniciada a mediados de 2018, se ha prolongado durante dos años, en los que averiguaron que 17 han sido las gestorías administrativas investigadas, ubicadas en Barcelona, Tarragona, Gerona, Valencia, Murcia, Granada y Melilla, si bien, finalmente todas tramitaban las solicitudes por Tarragona y Gerona.
Asimismo, han constatado que han sido 17 las empresas de alquiler de vehículos utilizadas para la obtención de los contratos ficticios de alquiler a nombre de los interesados.
Además, en la operación se efectuaron 14 registros domiciliarios realizados en gestorías y diversos domicilios fiscales, en unas intervenciones en las que 581 han sido las personas que se han puesto a disposición judicial de los Juzgados números 3 y 6 de Gerona y Tarragona, en calidad de detenidos o investigados, en función de la participación de la trama, como supuestos autores de delitos de falsedad documental.
El Instituto Armado ha intervenido en estas operaciones 69.158 euros en metálico, numerosos teléfonos móviles de alta gama, ordenadores, material informático y abundante documentación de interés para la investigación.
La investigación, que se han llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla, estima que el montante total de ingresos obtenidos por el grupo asciende a unos 2.500.000 de euros aproximadamente.
