La crisis abierta por la denuncia a Antonio Saldaña por conducir bajo los efectos del alcohol, golpear a tres vehículos y acabar en la Jefatura de la Policía Local, donde se certificó que triplicaba la tasa máxima permitida, se ha cerrado en falso.
Tanto Saldaña como la dirección provincial, que ha reculado después de pedirle que dimitiera de todos sus cargos públicos, no ocultan su deseo de pasar página y evitan las preguntas de los medios de comunicación al respecto.
Pero el PP de Cádiz, militancia, cargos orgánicos y representantes públicos, siguen estupefactos, se preguntan por qué finalmente el líder del PP de Jerez continúa como diputado provincial, como concejal y al frente del proyecto local, y temen las consecuencias en el futuro.
En este sentido, preocupa la responsabilidad judicial, porque al sobrepasar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, los hechos se consideran un delito contemplado en el artículo 379.2 del Código Penal, castigado con pena de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Y, en cualquier caso, no podrá conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
Aún no ha pasado por el trance por la paralización de los juzgados debido al estado de alarma, pero el partido tendrá que soportar una vez más titulares muy duros cuando lo haga, como los que ha sufrido en el ámbito nacional estos días, con algunos muy crudos, como el de www.elplural.com.
En consecuencia, es inevitable cuestionar a los principales protagonistas de este rocambolesco episodio, Saldaña, Mestre y María José García-Pelayo, único dirigente que ha expresado abiertamente en foros internos que no debía dimitir, sino agachazar la cabeza, aguantar el chaparrón y esperar a que el temporal amainase, qué otros delitos pueden cometer los dirigentes populares compatibles con el ejercicio de sus responsabilidades políticas. Y por qué este es motivo para dimitir en Diputación pero no para hacerlo en Jerez.
Un destacado integrante de la dirección provincial confesaba en privado que la sensación que ha cundido entre las filas del partido es que no es cuestión del delito, sino de qué lugar ocupa uno en la organización y quién te sostiene. Suena feo. Pero, efectivamente, en el caso de Andrés Núñez, presidente del PP de Chiclana y secretario general del PP de Cádiz, una denuncia de presuntos malos tratos, que finalmente fue archivada, fue suficiente para que perdiera la confianza y acabara en casa en diciembre de manera fulminante.
Es una incógnita absoluta la identidad de quién ha intervenido una vez que las direcciones provincial, autonómica y nacional decidieron publicar el comunicado pidiendo a Saldaña que lo dejara todo. Las razones por las que todos dan marcha atrás, también, pero las especulaciones no dejan en buen lugar a ninguno de los implicados y dañan seriamente la reputación de un partido que trata de poner tierra de por medio con los peores años de corrupción y está gestionando la crisis sanitaria de manera notable en el Gobierno autonómico y razonablemente bien en la oposición en Madrid.
Saldaña es consciente de que sale muy tocado de todo esto. Tras semanas de intensa exposición pública en redes sociales, con imágenes y vídeos repartiendo flores o pescado a domicilio, su silencio en redes sociales, donde no ha recibido el apoyo que esperaba de afiliados y militantes, y la agresiva reacción del PP de Jerez por medio de ediles que no se habían prodigado atacando al Gobierno local en dos o tres asuntos de actualidad pasados de revoluciones, delatan nerviosismo e incomodidad, urgencia porque se hable de otra cosa y se vincule a Saldaña solo con aspectos amables de la política.
Es incuestionable, no obstante, que no ha tenido apoyo público por parte de los concejales, hasta ayer y no de todos. El grupo municipal está roto después de que él mismo propusiera dinamitarlo si le obligaban a dimitir. Pero tampoco sus compañeros en la dirección local y provincial han dado por buenas sus explicaciones, salvo algunas excepciones solo una semana y media después del suceso. Ni siquiera la propia García-Pelayo, combativa solo en foros internos. O Aurelio Romero, su padre político.
La situación no es fácil. “Yo no podría salir a la calle como si tal cosa”, admitía una compañera en conversación telefónica. En adelante, el principal problema que tendrán los militantes y simpatizantes, los compañeros de banco en el Pleno, los miembros de la Ejecutiva local, es que cuando tengan que pedir el voto o defiendan una propuesta, acabarán enredados en un debate moral y jurídico sobre la honorabilidad de quien fuera candidato y se mantiene al frente de las filas después de lo sucedido.
Desde el punto de vista electoral, su continuidad reduce el número de apoyos potenciales: el elector no solo habrá que estar de acuerdo con el programa electoral o tendrá que caerle más o menos bien el cabeza de cartel, también tendrá que aprobar su comportamiento. Máxime cuando el propio Saldaña ha traspasado los límites de lo público y lo privado en algunas de sus andanadas contra el PSOE.
Mestre, por su parte, se ha quedado colgada de la brocha. Las teorías que apuntan a una encerrona por parte de Pepe Ortiz carecen de fundamento dado que Mestre ha hecho carrera porque es disciplinada, ha evitado asumir riesgos, y se presta a ejecutar. No actúa por su cuenta. Nunca lo ha hecho. Y no lo iba a hacer ahora. El comunicado del martes, en el que la dirección provincial rectifica, no da explicaciones y ni siquiera se hace referencia al anterior. Simple y llanamente la han desautorizado. Y, llegados a este punto, hay que volver a preguntarse quién y por qué.
La presidenta del PP de Cádiz ha perdido, en cualquier caso, la autoridad. El suceso ha puesto en evidencia la extrema desorganización de una formación que no levanta cabeza desde que se produjera el forzado relevo de Antonio Sanz el verano pasado. La situación se puede complicar si Saldaña se rearma y decide retomar la batalla interna que ha estado dando en los últimos meses. Depende mucho de cómo se resuelvan los ajustes inevitables en los grupos municipal y provincial.
Saldaña, que percibía unos 64.500 euros como portavoz del PP en Diputación, podría desplazar a Antonio Montero, crítico, como portavoz en Jerez para conservar nómina. En la institución provincial, se perfila Jacinto Muñoz como relevo de Saldaña. José Ignacio Landaluce no lo apoyó, pero tampoco estuvo por el cese de todos sus cargos. Y querrá cobrárselo. Otro nuevo peaje, en cualquier caso, para las siglas.
El PSOE aprieta a Juanma Moreno en el Parlamento
Los diputados autónómicos del PSOE reclamaron hasta en tres ocasiones “contundencia” contra Antonio Saldaña al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión parlamentaria de este jueves.
No hubo respuesta por parte del también líder de los populares en Andalucía, blanco de las críticas del PSOE por el modo en que el PP de Cádiz ha resuelto la crisis abierta por la denuncia a Saldaña por triplicar la tasa de alcoholemia.
El senador autonómico socialista Fernando López Gil exigió igualmente a Moreno que “deje de amparar con su silencio comportamientos delictivos”.
Y el martes, la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y también parlamentaria andaluza, Araceli Maese, preguntó “qué interés oculto habrá en el PP gaditano para haber rectificado en 48 horas la posición respecto a la dimisión de Saldaña”.
La dirigente del PSOE insitió en su “perplejidad ante el cambio de rumbo que ha tomado la petición de dimisión de Saldaña” y cuestionó “si tiene algo que ver en ello la información sensible que maneja en cuestiones que atañen al partido y a su compañera de filas María José García-Pelayo”.
