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Núñez pierde la batalla legal contra Verdier, Páez y el PSOE

El Juzgado ha desestimado la demanda que presentó en 2013 por la que pedía 43.000 euros en pro de la defensa de su honor.

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  • Tendrá que correr con las costas del proceso que ascienden a 10.000 euros.
  • Fue por una cuestión de incompatibilidad entre su cargo de concejal y su trabajo como abogado.

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, y el secretario de Educación, Joaquín Páez, han comparecido hoy antes los medios de comunicación para informar sobre la sentencia de 27 de julio, recaída en el juicio ordinario 394/2014. Así pues, Verdier ha explicado que este juicio es consecuencia de “una demanda que interpuso el señor Andrés Núñez para la defensa de su derecho al honor, contra Joaquín Páez, contra mí y contra el Partido Socialista, ‘para proteger el honor y la intimidad por una campaña de desprestigio que’, según la demanda, habíamos ‘emprendido con expresiones desproporcionadas y vejaciones injustas’. Esto sucedía en noviembre de 2013 y en la demanda se pedía que se dictara una sentencia en contra nuestra, que nos obligaría a publicar esa sentencia en los medios de comunicación locales y provinciales y, además, nos pedía más de 43.000 euros de indemnización”.

La secretaria general también ha aclarado que esta demanda deriva de una denuncia que hubo en Fiscalía de una particular contra “el señor Núñez, porque, presuntamente, se estaba cometiendo una ilegalidad por una incompatibilidad en el hecho de ser concejal en el gobierno municipal y, a la vez, ejercer su profesión como abogado”. “Nosotros, entonces concejales en la oposición, haciéndonos eco de esa noticia que publicaba Diario de Cádiz y en esa labor de control del gobierno desde la oposición, hacíamos pública esa noticia, en el derecho a la información que teníamos en aquel momento como concejales de la oposición”, ha explicado Verdier, que también ha incidido en que “lo hacíamos con expresiones veraces y así lo dice la sentencia”.

Una sentencia que ha decidido “desestimar la demanda del señor Núñez y, además, condenarlo en costas. En dicha sentencia dice que, cuando nos hacíamos eco de esa información, lo que hacíamos era ejercer ese derecho a la información y a la libertad de expresión que nos concede la Ley, informando sobre hecho veraces, por ser información de un medio de comunicación. Así, la sentencia dice que deben prevalecer estos derechos, frente al derecho al honor que dice perjudicado el señor Núñez. Eran veraces los hechos y no había ninguna expresión injuriosa ni vejatoria contra el señor Núñez. Además, la sentencia también dice que las declaraciones que hacíamos tanto el señor Páez como yo, cumplían con esa finalidad informativa sobre un hecho de trascendencia pública, porque se refería a unos hechos cometidos por una persona pública como es un concejal del Gobierno Municipal entonces. Y en la ponderación entre el derecho a la información y el derechos al honor, debe prevalecer el derecho a la información, porque no estábamos injuriando ni cometiendo ninguna ilegalidad, ni estábamos diciendo algo que no fuera cierto”, ha señalado Verdeir.

Además, la secretaria general ha destacado que esto se enmarca “únicamente en la crítica política y en el control del Gobierno que en ese momento teniamos como concejales en la oposición”. Verdier también ha dejado claro que “jamás hemos tenido intención de perjudicar en modo alguno ni de injuriar a la persona del señor Núñez, ni como concejal ni como profesional del derecho”.

“Esto nos parecía una barbaridad entonces y nos lo sigue pareciendo ahora, por eso no estamos cómodos dando esta rueda de prensa, porque nos parece una barbaridad que un asunto que es solamente público y político se haya llevado de esta manera y que el señor Núñez haya pretendido ganar dinero con un asunto que él sabía de antemano que no era para llevarlo a los juzgados. Por todo ello, antes del juicio hemos pretendido llegar a un acuerdo, ofreciéndole que retirase la demanda y dejar las cosas como estaban y ofreciendo decir públicamente que jamás hemos tenido la intención de perjudicar ni de injuriar al señor Núñez. En ese ánimo de no trasladar a la vida judicial la vida política, le ofrecimos ese mutuo acuerdo, pero el señor Núñez no quiso, porque estaba convencido de tener razón, de que el juzgado nos iba a condenar y de que iba a cobrar más de 40.000 euros. Pero no sólo se ha desestimado la demanda, sino que el juzgado ha apreciado temeridad y mala fe en la actuación del señor Núñez y lo ha condenado en costas, que le supondrán casi 10.000 euros”, ha declarado Verdeir.

“Creemos que ha sido un error por parte del señor Núñez, que ha pretendido pasar de víctima, cuando no lo es. Este es el talante del señor Núñez y ésta es su forma de actuar. Estamos cansados de esta situación y hubiésemos preferido no dar esta rueda de prensa y que esto no hubiese ocurrido, pero creo que estamos en la obligación de trasladar a la ciudadanía que la sentencia ha desestimado la demanda del señor Núñez y ha declarado que no hemos tenido un trato vejatorio para con el señor Núñez ni mucho menos hemos atentado a su honor”, ha finalizado la secretaria general del PSOE-Chiclana.

Por su parte, Joaquín Páez ha señalado que, bajo su punto de vista, “tanto el señor Núñez como el señor Marín, se equivocan de estrategia política. No se puede intentar utilizar la herramienta de la justicia en política de manera ‘alegre’, porque la justicia es una herramienta seria, que tiene que tratar de asuntos serios y no es una herramienta que los políticos debamos utilizar para nuestras cuestiones políticas”.

Además, el secretario de Educación ha querido dejar claro que “esta sentencia, a mí personalmente, me ha causado un gran desasosiego desde dos puntos de visto, el primero es el personal, porque no soy una persona que quiera vejar ni humillar, ni faltarle al honor ni al señor Núñez ni a nadie, y así lo atestigua mi trayectoria personal, porque tengo la suficiente falta de ego para pedir perdón cuando sea necesario. Pero, además, estamos aquí sentados porque nos ha elegido el pueblo y porque representamos a unas siglas, que son las del Partido Socialista Obrero Español, y cuando uno representa a unas siglas tan grandes, tiene una responsabilidad muy grande sobre los hombros. Por ello, cuando nos acusan de que, al amparo de esas siglas, usamos armas políticas para denigrar o mancillar el honor de una persona, uno siente desasosiego. Por eso creo que lo que hemos pasado en lo personal y en lo político no debe pasarlo nadie más. No se puede usar la justicia como arma arrojadiza en política”.

“Somos una agrupación dialogante y seria, que procura hacer política seria. Cuando recibes acusaciones de este tipo, te sientes mal, pero cuando lees en una sentencia que el juez dice que, con la veracidad de datos y apelando al derecho a la información y a la libertad de expresión, no se ha cometido ninguna injuria, está muy bien y te hace sentir muy tranquilo. Pero, además, lo que más tranquilo me hace sentir de esta sentencia es que el señor juez indica que ‘no se aprecia matiz alguno injurioso ni de intentar denigrar a la persona como concejal o como profesional del derecho’. Por ello, nos sentimos más tranquilos”, ha aclarado Páez.

El secretario de Educación también ha hecho hincapié en que ésta no es la primera sentencia de la que “tenemos que hablar, porque previamente ha habido otra”. Así, ha explicado que en esa otra, “fue el señor Marín el que interpuso una denuncia a Cándida Verdier, a José María Román y a mí, por el caso de la transmisión a Fiscalía de unos papeles que llegaron a nuestras manos, del señor Garat, en los que presuntamente se podía pensar en un caso de financiación ilegal. Llevamos esos papeles a Fiscalía, dimos una rueda de prensa para informar al respecto y al poco tiempo aparece una querella criminal por injurias contra nosotros, que es desestimada en diligencias previas y archivada. Pero el señor Marín no se conforma y recurre la decisión y presenta un recurso de apelación, que vuelve a ser desestimado. Estamos en la vida política y, en ella, los políticos representamos a unos ciudadanos, que tienen derecho a conocer y cuando tenemos pruebas de un presunto delito, nuestra obligación y la de cualquier ciudadano es llevarlas a Fiscalía”.

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