Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron ayer registros en las viviendas relacionadas con el exsindicalista jienense de UGT, Juan Lanzas, conocido en el caso de los ERE como ‘el conseguidor’. Además, según informaron fuentes del Instituto Armado, Lanzas, aunque no fue detenido, fue notificado para declarar en el juzgado de Sevilla. Desde las ocho de la mañana y hasta pasadas las once, agentes de la UCO registraron su domicilio en el residencial Danubio de la Avenida de Barcelona, así como otras tres viviendas en Albanchez de Mágina, localidad donde reside su familia.
Juan Lanzas ingresó en el sindicato UGT a mediados de los años ochenta y estuvo relacionado los expedientes de regulación de empleo de la empresa Coosur y también de Cárnicas Molina. Tras abandonar el sindicato creó la empresa Maginae Solutions, que también ha sido relacionada con los ERE. Según parece la jueza ha llamado también a declarar el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.
No obstante, la nueva fase de la investigación de la trama fraudulenta vinculada a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha vuelto a tener como protagonista al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, después de que la jueza de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, lo haya enviado a prisión, esta vez sin fianza pero inicialmente con los mismos cargos, el mismo día que ordenaba la operación ‘Heracles’, en la que han sido detenidas 22 personas, la mayoría vinculadas con las aseguradoras que tramitaban los expedientes, y practicados trece registros en Sevilla, Jerez de la Frontera, Jaén, Barcelona, Madrid y Las Palmas.
A pesar de que esta fase de la investigación, que continúa bajo secreto de sumario, se centraba en las empresas mediadoras “que ofrecían servicios para conseguir financiación a las empresas en su reestructuración”, según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, el único que por ahora ha sido enviado a prisión ha sido el que desde el principio se ha considerado como el cabecilla de la trama, Francisco Javier Guerrero, que había sido citado por la jueza Alaya desconociendo que el mismo día había ordenado poner en marcha la operación ‘Heracles’.
Tras prestar declaración ante la magistrada durante tres horas y tras una larga espera, la jueza instructora decretaba el ingreso en prisión comunicada pero sin fianza para el ex director general de Trabajo por los mismos motivos por los que ingresó en prisión hace justo un año y de la que salió bajo fianza en octubre del 2012.
A la salida de los juzgados, y tras conocer el auto de prisión, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha atendido a los periodistas y aunque no ha podido dar detalles sobre la declaración por encontrarse esta parte de la investigación bajo secreto sumarial, sí ha asegurado que los delitos que la juez le imputa ahora son “parecidos” a los que ya le imputó en marzo de 2012, que son cohecho, prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos.
“No hay grandes diferencias entre lo que ya declaró y lo declarado hoy”, ha señalado también el letrado, asegurando que la decisión de la instructora le ha “sorprendido”, ya que “no se lo esperaba”, así como que su cliente se encuentra “jodido, lógicamente”.
Guerrero, en un receso fumándose un cigarro mientras esperaba el auto, decía ante la petición de prisión que había realizado el fiscal anticorrupción ante el riesgo de fuga, la posibilidad de alterar pruebas y de contactar con otros implicados en la causa: “contra el vicio del pedir, la virtud de no dar”.
La operación
La operación ‘Heracles’ se activó a primeras horas de la mañana de forma simultánea por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se ha saldado con 22 detenciones y nueve imputados citados a declarar ante Alaya, a los que se les podría imputar los delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales, y 13 registros en Sevilla, Jerez, Jaén, Albanchez de Mágina, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.
De las detenciones, 9 se han producido en Barcelona, que serían cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; cuatro en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las “empresas pantalla” de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; tres en Cádiz; dos en Madrid; uno en Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como ‘conseguidor’ de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria.
Junto a ellos, nueve personas ya imputadas en la causa han sido citadas a declarar ante la jueza Mercedes Alaya, cuatro en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Jaén, uno en Madrid y otro en Cádiz. Entre ellos figuran, además de Guerrero, el exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por la causa de los ERE y por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla; y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal y el administrador de la consultora Uniter José González Mata, también imputados en la causa de los ERE, cuyas sedes también fueron registradas ayer. Hay que añadir la esposa de Antonio Albarracín, comercial de la aseguradora Vitalia y ya imputado en la causa, ambos citados ya a declarar.
Además, se han practicado un total de 13 registros, cuatro de ellos en la provincia de Jaén (todos ellos en domicilios, uno en la capital y tres en Albanchez de Mágina); cuatro en la provincia de Sevilla (dos en empresas y dos en domicilios); otros dos en la provincia de Cádiz (uno en empresa y otro en domicilio); otros dos en la provincia de Granada (uno en empresa y otro en domicilio); y uno en un domicilio de Madrid.
Barcelona
En Barcelona se ha detenido a nueve cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank dentro de la operación ‘Heracles’, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Los detenidos son cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank, que pudieron haber actuado como mediadores que se encargaban de dar apariencia de legalidad a los expedientes.
Las detenciones en Barcelona se han producido en la capital, a primera hora de la mañana de este miércoles, en los domicilios particulares de los afectados, aunque no ha habido registros, indicaron las mismas fuentes.
Mientras, en Madrid, la esposa de Antonio Albarracín, comercial de la aseguradora Vitalia imputado por los ERE falsos, era detenida tras un registro de su vivienda y trasladada a Sevilla para comparecer ante la jueza Mercedes Alaya. Albarracín, que ya estaba imputado, se trasladaba a Sevilla para comparecer voluntariamente ante la magistrada que instruye el caso.
