La comunidad de El Toyo-Retamar, en Almería, ha levantado la voz contra la decisión de trasladar el festival 'Dreambeach' a su localidad. Uno de los detonantes de esta oposición son los sucesos acaecidos en la última edición del festival en Villaricos, donde se registraron 715 actas por posesión de drogas y 6 detenciones por tráfico. Estos alarmantes números han impulsado a los vecinos a iniciar una recogida de firmas y crear grupos en redes sociales, buscando evitar que los mismos problemas se repliquen en su barrio este agosto.

La iniciativa en Change.org, que ya suma más de medio millar de firmas, refleja la preocupación de los residentes por la "gran masificación de personas" y los posibles "destrozos en las zonas aledañas" que podría acarrear la celebración del festival. Además, ponen de manifiesto su inquietud por el impacto medioambiental en un área cercana al reconocido parque natural Cabo de Gata-Níjar y las molestias directas que sufrirían las viviendas colindantes.

Más allá de los problemas ambientales y de convivencia, los vecinos critican el supuesto beneficio económico que traería el festival a la zona. Argumentan que, debido a la alta ocupación hotelera en la temporada estival, el festival no representaría un incremento significativo en las ganancias, sino más bien una posible perturbación para los clientes habituales. Este punto es especialmente sensible, teniendo en cuenta que la presencia de los asistentes al festival podría alterar la tranquilidad y el orden en hoteles y comercios.

La ausencia de zonas verdes y la preocupación por la salud de los asistentes del festival debido a las altas temperaturas de agosto son otros de los argumentos esgrimidos por los residentes. Subrayan el riesgo de que los espacios semi-privados de los vecinos terminen siendo ocupados por asistentes en busca de sombra o refugio.

Otro aspecto crítico que resaltan los vecinos son los problemas de tráfico y seguridad. Rememoran los incidentes relacionados con las drogas en la última edición del festival y expresan su temor a que se repitan situaciones similares en su barrio. Estos datos no solo plantean un desafío en términos de seguridad pública, sino que también ponen en entredicho la capacidad de las autoridades locales para gestionar eventos de esta magnitud.