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VOX considera que la reserva del 30% de vivienda protegida en las ARI puede ser inviable

El Ayuntamiento propone un porcentaje muy superior al 10% establecido, “algo que puede ser un lastre, porque no es lo mejor para revitalizar"

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  • Manuel Vela -

El Grupo Municipal VOX Chiclana traslada al Gobierno municipal de PSOE e IU su preocupación por el planteamiento en materia de vivienda protegida recogido en el Plan de Ordenación Urbana (POU).

Así, el concejal portavoz de VOX Chiclana, Manuel Vela, explica que el documento recoge que aunque se establece por la norma “una reserva de vivienda protegida en las actuaciones urbanísticas de reforma interior del 10% de la nueva edificabilidad”, se plantea que “la reserva en estas actuaciones alcance, al menos, el 30% de la nueva edificabilidad” en las Áreas de Reforma Interior (ARI).

Todo esto, según Vela, “va en detrimento del parque de vivienda protegida, porque va a suponer un bloqueo de proyectos de construcción, por las trabas que van a encontrarse a la hora de sacar adelante proyectos por falta de viabilidad económica”.


En este sentido, expone que “es llamativo que cuando se establece un mínimo del 10%, el Ayuntamiento plantee un aumento, al menos, de veinte puntos porcentuales, algo que puede ser una barrera insalvable para conseguir el objetivo de contar con viviendas protegidas y facilitar el acceso a las familias”.

Además, cabe destacar que “si ya de por sí las ARI por definición son zonas degradadas que pretenden una revitalización, no es lógico vincularlas a un porcentaje tan alto de viviendas protegidas, que conllevan una renta contenida”.

Igualmente, hay que reseñar que “esa exigencia tan elevada puede hacer que la construcción de viviendas en zonas ya desarrolladas no sea interesante para las promotoras y empresas constructoras, puede ser un lastre por no ser rentables para las empresas. Y si no se construyen promociones, no habrá viviendas protegidas, con lo que todo será papel mojado y mensajes que se lleva el viento”, afirma Vela.

El edil de VOX subraya que “desde nuestra formación apostamos por aplicar políticas que contribuyan a rebajar el precio de la vivienda y facilitar así el acceso a la misma a las familias de Chiclana, pero entendemos que estos parámetros van a generar el efecto contrario, un encarecimiento y mayor dificultad en el acceso a una vivienda”.

Asimismo, Manuel Vela manifiesta que, literalmente, el artículo 83 del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (RGLISTA), dice que conforme al artículo 61.5 de la Ley, en los ámbitos de las actuaciones de nueva urbanización se reservará, como mínimo, el treinta por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a vivienda protegida. En las actuaciones de reforma interior, dicha reserva será como mínimo del diez por ciento de la nueva edificabilidad residencial.

Sin embargo, en el caso de Chiclana “se le da la vuelta, y los porcentajes se plantean al contrario, acogiéndose, se supone, a la redistribución permitida en el propio reglamento”. En el POU, mientras se marca como objetivo “al menos un 30% para las reformas interiores”, se recoge que se procurará que en las actuaciones de transformación de mejora urbana de carácter residencial se establezca una reserva para vivienda protegida, intentando alcanzar el 10% de la nueva edificabilidad que se proponga.

En este contexto, “compartiendo la idea que plantea el propio reglamento de la Lista en su artículo 83, que plantea sólo un 10%, entendemos que el tema ha de ser abordado en una doble vertiente: por un lado, evitar condesar las viviendas protegidas en zonas degradadas y, por otro, velar por la viabilidad económica del desarrollo urbanístico”. Y es que, desde el punto de vista de VOX Chiclana, “con esa reserva tan alta que se hace por parte del Ayuntamiento, para hacer la inversión rentable, la vivienda libre tendría que sobrepreciarse, lo que conlleva un encarecimiento de la vivienda en el municipio”.

VOX Chiclana concluye que “entendemos que con esta medida adoptada por PSOE e IU lo que se consigue es impedir la reactivación de la vivienda protegida, con el consiguiente perjuicio para el intento, por ejemplo, de revitalizar el centro y barriadas ya desarrolladas, y ayudar a los negocios y comercios de esas zonas, mientras se encarecerá la vivienda libre para compensar los proyectos en los que se incluyan esos porcentajes de vivienda protegida”.

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