La Fiscalía de Área de Algeciras recurrirá la puesta en libertad bajo fianza de los hermanos Francisco y Antonio Tejón, líderes del clan de los Castañitas, una de las principales organizaciones del narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
Fuentes judiciales han indicado a Efe que la Fiscalía tiene previsto presentar hoy mismo un recurso contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción.
El auto dictado por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción (Cádiz) alude a la complejidad del caso y la previsión de que la fecha de apertura del juicio sea lejana para argumentar la puesta en libertad bajo fianza de los hermanos Tejón, considerados los líderes del clan de los Castañitas, dedicado al tráfico de hachís.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado a conocer el contenido del auto, con fecha del 21 de octubre, en el que el juez impone una fianza de 120.000 euros a Francisco Tejón, Isco, que ya han sido abonados, y de 200.000 euros a su hermano Antonio, que aún no ha depositado el dinero.
En el auto, el juez argumenta que “no puede soslayarse el estado actual en que se encuentra la presente instrucción penal”, para la que se ha acordado “recientemente” su acomodación a los cauces del sumario ordinario, decisión que han recurrido algunas de las defensas.
El instructor considera, además, que “concurren circunstancias que abogan por la lejanía en el tiempo del juicio oral que hubiere de abrirse para con los investigados”.
Entre esos motivos están “la complejidad de la causa por el número de personas que figuran como investigadas”, los trámites preceptivos “no cumplimentados en este estadio procesal” o el desglose de la causa por blanqueo de capitales.
En concreto, la causa por blanqueo de dinero ha sido derivada al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras para sumarla a unas diligencias previas incoadas por el mismo con anterioridad.
Todo ello “conlleva el que haya que resolver sobre la efectiva imputación de muchos de los investigados” en la causa principal, que se refiere de manera exclusiva a delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Las defensas habían solicitado su libertad bajo fianza, a lo que finalmente el juez ha accedido, aunque ambos están obligados a comparecer en el Juzgado los lunes y viernes de cada semana “y cuantas veces fueran llamados”, además de entregar sus pasaportes, comunicar sus cambios de domicilio y con la prohibición de salir de territorio nacional.
La diferencia entre las cantidades fijadas, explica el magistrado, se debe a que Isco se entregó de manera voluntaria e ingresó en prisión el 17 octubre de 2018, “muy al contrario que la conducta desplegada” por Antonio, detenido el 7 de junio del pasado año.
La defensa de Isco ya ha abonado los 120.000 euros de su fianza y ha salido en libertad condicional, según indica el TSJA, mientras que la representación de Antonio aún no ha depositado los 200.000 euros de la suya, si bien fuentes cercanas al caso han indicado que otra causa abierta contra él impide su puesta en libertad aunque abonase este dinero.
Indignación
La decisión ha suscitado indignación entre colectivos policiales y de lucha contra la drogadicción en la comarca gaditana.
El presidente de la coordinadora comarcal de asociaciones contra la drogadicción, Alternativas, Francisco Mena, lo considera “una muy mala noticia, muy negativa” que causa “alarma social” y calificad de “ridícula” la fianza fijada para ambos.
A su juicio, esta decisión genera “frustración” entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuya “profesionalidad y dedicación” defiende.
Mena aclara que, aunque “respeta” la decisión del juez, no la comparte, pero sostiene que la coordinadora “no pone en duda su profesionalidad” y entiende que la decisión obedece a “un cúmulo de circunstancias”.
Sobre las cantidades fijadas para las fianzas, el presidente de Alternativas entiende que son “ridículas”, a tenor del “dinero que mueven estas organizaciones”.
En el mismo sentido se ha expresado la portavoz provincial en Cádiz del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Carmen Velayos, que entiende que esa cifra es “calderilla” para una red que mueve grandes cantidades.
Denuncia que esta decisión deja una sensación de “impunidad” y causa “desilusión y frustración” entre los agentes después de “tantas horas de trabajo” para que los detenidos “estén sólo un año en la cárcel”.
