El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) y concejal de la corporación municipal Jesús Mayoral ha insistido este martes en que la contratación como personal eventual de confianza del ex edil de ese partido Juan Roca es "en fraude de ley" y que esa opinión está avanalada "por informes jurídicos" al "incumplir la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal de servicio de las administraciones públicas y la ley de Bases del Régimen Local de acuerdo al informe emitido por la Secretaría General, por el que el puesto se debe limitar a la asesoría del alcalde, no pudiendo ejercer funciones de carácter directivo".
Sin embargo, Mayoral apunta que se le mantiene como "consejero en Emadesa, aunque principalmente le utilice solo para que firme documentación sensible que él no firmaría porque son de dudosa legalidad".
Mayoral incide en que Ruiz Boix "da el trato a Juan Roca de personal eventual de confianza, que es un empleado eventual elegido por su dedo y con un sueldo que él le ha puesto como el de un concejal de la Corporación elegido en las urnas", lo que supone, a su juicio, "faltar el respeto al resto de concejales, que representan la voluntad popular".
También señala que se le da "sitio en el lugar de los concejales en actos institucionales, ferias y eventos, sacándole incluso a dar premios".
"El PIVG, a la vista de que no contestan a los escritos realizados en este sentido por nuestra consejera en Emadesa y no han entregado ni las actas del Consejo donde de forma verbal se manifiesta la Secretaria General sobre la compatibilidad de Juan Roca , que se ha pedido que lo realice por escrito con los argumentos jurídicos, pero que hasta la fecha no emite el informe, una vez ya realizadas las consultas jurídicas a consultores expertos en la materia, presentamos una Moción al Pleno de San Roque, en la que solicitamos la destitución de Juan Roca por no cumplir ni con lo establecido en la ley de compatibilidades ni en la ley de Bases de Régimen Local y la devolución de las retribuciones que ha recibido en un año que lleva en esta situación, por no ajustarse a Derecho".
A este respecto, el PIVG se reserva el derecho de "interponer los recursos oportunos y avisamos a los concejales al voto reflexivo puesto que puede haber fundamentos jurídicos suficientes para incurrir en un supuesto delito de prevaricación".
