El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, precisó ayer lo que ya avanzó la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2008, hecha pública la semana pasada.
En la Memoria, la FGE proponía que los condenados a estas penas realizasen prestaciones sociales en favor de los parados y personas que atraviesen una difícil situación económica en estos momentos de crisis.
En una rueda de prensa tras clausurar unas jornadas europeas de fiscales y jueces de seguridad vial, Vargas se ha referido a la posibilidad de que los condenados a estas penas “auxilien a los parados” porque, aunque este trabajo no tiene relación directa con el tráfico, sí conlleva una gran “carga de solidaridad”. Según Vargas, los condenados podrían “auxiliar” a los parados con cursos de formación, dándoles información y ayudándoles en la tramitación de diversas gestiones. Junto a Vargas compareció el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien ahondó también en la necesidad de buscar soluciones para que se ejecuten este tipo de penas, además del diputado de CiU Jordi Jané, que precisó una cuestión relacionada con la reforma del régimen sancionador de tráfico.
Jané aseguró que se intentará precisar en la ley, en el apartado de los límites de velocidad a la hora de multar, que se mantendrán los márgenes de error de los radares y los cuentakilómetros de los vehículos. Por otra parte, Vargas explicó que la presidencia española de la UE planteará la creación de un foro europeo de seguridad vial, integrado por fiscales y jueces, que aborde lo antes posible la necesidad de armonizar la normativa comunitaria.
