El plazo se acaba. El próximo lunes Antonio Moreno y su familia tendrán que abandonar la casa de la calle Benjumeda, 35 en la que llevan viviendo desde 1987. El primer lanzamiento se produjo el pasado 2 de junio, pero esta familia consiguió frenarlo gracias a la presión que ejercieron los ciudadanos, encabezados por el ahora alcalde de Cádiz, José María González. El segundo, que puede ser el definitivo, es el lunes, a las 10 horas.
Si nada lo remedia, y si ellos se resisten a dejar la casa por sí mismos, agentes de la policía nacional se presentarán a lo largo de la mañana para llevar a cabo del desahucio.
Durante estos días atrás, Antonio Moreno se ha reunido con varias trabajadoras sociales, y ha acudido diariamente a las puertas del Ayuntamiento para pedir una solución. Así lo explicó a este periódico Juan Manuel Moreno, el hijo de Antonio, quien explicó que lo máximo que han conseguido por ahora es que el Ayuntamiento pague un mes de fianza y el 90% del coste mensual del alquiler, “pero el problema es que nadie quiere alquilar y que nos piden muchas condiciones, como nóminas y avales y no tenemos nada”.
Juan Manuel comentó que Sandra Alarcón, una de las miembros de Podemos Cádiz, ha estado recientemente en la casa para hacerse con toda la documentación e intentar encontrar una solución.
Hay que recordar que se trataba de un piso de renta antigua que en 2003 se vino abajo y que la propietaria, en colaboración con la Junta de Andalucía, tuvo que rehabilitar. Antonio y su familia (por aquel entonces vivían con él sus cuatro hijos) tuvieron que realojarse en otra vivienda, en el barrio de San Severiano. En 2004, una vez rehabilitado el bloque, Antonio regresó con su familia a Benjumeda, hasta que el año pasado se encontró con la sorpresa de que el contrato de renta antigua había terminado y tenía que empezar a pagar otra cantidad, mucho mayor que la anterior. Este vecino de Cádiz percibe unos 350 euros mensuales y el alquiler ronda los 400. “No es que no quiera pagar, es que no tengo medios para hacerlo”. Lo dramático de este caso es que Antonio tiene reconocido un 90% de minusvalía, porque desde hace años sufre un cáncer que lo ha dejado prácticamente consumido y además, a sus 57 años, no sabe leer ni escribir.
Él mismo reconoce que no se ha sabido mover como debía para obtener ayuda. Tanto a Antonio como a su mujer les preocupa su hija, la única que vive con él.
