Dos sentencias judiciales y un reciente acuerdo con el Ayuntamiento de Barbate han servido para poner fin a una campaña de desprestigio contra el Obispado de Cádiz y Ceuta con Rafael Zornoza bajo el foco en los últimos años.
En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó que no existía relación laboral de la mujer que refería hacer las veces de limpiadora y portera del extinto convento de las Capuchinas en San Fernando y que, de haberlo, se habría extinguido en 2017, cuando se cerró el monasterio por el traslado de la orden. A mediados de febrero de este año, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando concluyó que la mujer y su marido carecen de título que les permita ocupar la casa colindante con el inmueble ocupado por las monjas hasta hace ocho años. Si bien la sentencia no es firme, la Justicia ha dado la razón, con esta, en dos ocasiones a la Iglesia en un litigio con el matrimonio en torno al que ha existido una campaña de desinformación y descrédito al vincular el desahucio con una operación urbanística acordada con el Consistorio.
Esta semana, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al sacerdote Antonio Casado a dos años y seis meses de prisión por realizar 235 transferencias por importes que sumaron 366.027,75 desde las cuentas bancarias de la Parroquia del Divino Salvador de Vejer a las de una mujer con la que convivió Miguela D. C, quien ha visto suspendida la pena de seis meses de prisión al estimar la atenuante de reparación del daño, pues, antes del juicio, devolvió 165.300 euros. El tribunal señala que ambos de “mutuo acuerdo” y “con una clara intención de engrosar sus respectivos patrimonios” decidieron esquilmar las cuentas bancarias de la parroquia y considera fuera de toda credibilidad el relato que hizo el cura en el juicio, según el cual hizo las transferencias de dinero para ayudar a un menor gravemente enfermo en un orfanato en Guinea Ecuatorial, y aseguró contar con el respaldo del anterior obispo, Rafael Ceballos, extremo que se ha considerado falso.
Precisamente Antonio Casado y Rafael Vez, ex párroco de Conil y uno de sus valedores en su paso por el juzgado, acusaron al Obispado de Cádiz y Ceuta de tener como objetivo “atrincar el dinero de la venta de los cementerios” desde la llegada de Rafael Zornoza a la Diócesis en 2011 a propósito de la gestión del camposanto de Barbate. Se da la circunstancia de que el Obispado decidió a finales de 2024 la cesión al Ayuntamiento para su explotación.
Pese a la tormenta mediática, desde la Iglesia gaditana se ha mantenido que siempre se han antepuesto los intereses de los feligreses y, por ello, se dispusieron medidas de control de los fondos de las parroquias que, entre otras cosas, han permitido descubrir el caso de Vejer, y un mayor celo con el patrimonio, dado que todo ello redunda en la mejora de la labor pastoral y asistencial.
