El debate en torno a la dificultad, sino imposibilidad, de acceso a la vivienda en Cádiz y la consecuente despoblación por esta problemática centra la agenda y tensa la conversación pública. La semana pasada, el alcalde, Bruno García, colocó la primera piedra de la promoción de 53 de los 106 pisos que Procasa prevé construir con financiación garantizada en un acto en el que la subedelegada del Gobierno, Blanca Flores, exigió a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, que la Junta de Andalucía cumpla con la ley estatal que permite topar el precio de los alquileres. Díaz salió por la tangente y tanto la concejala Ana Sanjuán como el primer edil tiraron del argumentario del PP para insistir en que las soluciones no pasan por regular costes, sino construir más y poner freno a la turistificación. Unos días antes, el equipo de Gobierno reconoció en sendos decretos rubricados por Bruno García, que la proliferación de viviendas turísticas, según el Informe Anual 2023 del Banco de España, ha provocado un aumento de los precios del alquiler de pisos permanente y habitual muy significativo en Cádiz, con un 23% entre 2015 y 2022; y, por otra parte, que el crecimiento de las plazas para el hospedaje, también en fincas completas por medio de hoteles y apartamentos turísticos, es una de las causas de disminución del potencial mercado de viviendas, por ejemplo, para alquiler de larga duración. No en vano, apunta uno de los documentos firmados por el alcalde, “la ciudad destaca por ser uno de los municipios de Andalucía de más de 100.000 habitantes con mayor renta de alquiler, superando los 7,20€/m², solo por detrás de Málaga, Sevilla y Marbella. En cuanto al precio de compra de una vivienda de nueva construcción, según la plataforma de tasadores inmobiliarios, está tasado en una media de 3.199 euros el metro cuadrados, lo que supone un esfuerzo de compra del 75% de una renta media, lo que hace a Cádiz uno de los municipios a nivel nacional con mayor índice de esfuerzo”.
Sin embargo, ni la prohibición de nuevas viviendas turísticas, el blindaje del suelo residencial ante hoteles y apartamentos turísticos y la posibilidad de convertir en vivienda los locales comerciales y oficinas han logrado calmar las aguas. José Ramón Ortega, líder del PSOE de Cádiz y concejal, tendrá que aclarar el escándalo por el piso turístico en Jerez que presuntamente operaba en situación irregular. Mientras que David de la Cruz, de Adelante Izquierda Gaditana, ha advertido a Convive Cádiz que tomará acciones legales por un vídeo en redes sociales que concluye que es multipropietario, aunque el portavoz de la coalición de izquierdas ha aclarado que solo tiene a su nombre una hipoteca, una sexta parte del 50% que corresponde a la casa de su padre, fallecido, y también la sexta parte del 50% del taller que regentaba su padre (y en el que trabaja actualmente un hermano).
Queda por resolver la situación de Tamara y su dos hijas, que ocuparon una vivienda de Procasa en Guillén Moreno ante su situación de vulnerabilidad pese a que hay cien familias por delante y se enfrenta al desahucio. Y, mañana, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Cádiz presenta las Brigadas Inquilinas, con las que recorrerá bloques en venta y en riesgo de expulsión para denunciar y frenar la especulación, como aperitivo de la manifestación prevista el sábado contra los rentistas y los precios del alquiler en la capital gaditana.
