Francisco Daniel Doña, portavoz de la recién constituida Plataforma en Defensa del Turismo en Cádiz y de gestores profesionales de viviendas turísticas Cádiz Convive, no oculta su preocupación por algunas de las consignas que se corearon durante la manifestación de Cádiz Resiste, movimiento ciudadano contra la turistificación. “Se escucharon gritos que animaban a quemar viviendas vacacionales, okupar y expropiar”, advierte, y denuncia “el creciente acoso que estamos sufriendo, con pegatinas en contra de la actividad en nuestros escaparateso se increpa al personal de limpieza” de los pisos.
Es preciso, agrega, poner freno a una campaña que, en su opinión, se basa “en bulos y desinformación” alentada por el lobby hotelero, que aprovecha la coyuntura para sacar tajada.
Doña se remite a la nota de prensa en la que las empresas y los profesionales que anunciaron el paso dado adelante para constituirse en plataforma, y que representan en torno al 50% del total de los inmuebles destinados a alojamiento vacacional, aportaban datos en los que demuestran que “no somos el problema” y, por lo tanto, “no es aceptable que se nos criminalice”.
El negocio, apunta, comenzó a desarrollarse en 2016, pero Cádiz lleva perdiendo población ininterrumpidamente desde hace más de 40 años, a razón de 1.000 habitantes por ejercicio.
Por otra parte, niega que las viviendas turísticas pertenezcan a fondos buitres o propietarios extranjeros. “Y señala que las empresas que forman parte de la plataforma son gaditanas”, sostiene, a diferencia de las grandes cadenas hoteleras, cuyos beneficios, remarca, “no se quedan en la ciudad”. De hecho, subraya, el sector genera más de 6.000 empleos en Cádiz de manera directa e indirecta. En cuanto a estos pisos, pide que nadie se llame a engaño. “Incluso si se retiraran licencias -algo que, por otro lado, conllevaría indemnizaciones millonarias-, los pisos no pasarían a la oferta de alquiler residencial porque hay inseguridad jurídica, la ley protege al inquilino”.
Por ello, reclama políticas públicas que no desincentive el arrendamiento y la construcción de VPO, aun siendo conscientes de la falta de suelo o que haya fincas reservadas para operaciones hoteleras.
También pone el foco en las viviendas vacías. Cádiz, apunta, cuenta con 5.500 frente a 1.645 pisos turísticos (dato real del Instituto Nacional de Estadística, frente al que ofrece la Junta de Andalucía, mayor, porque cuenta todas las licencias, activas o no). En puridad, añade, no sería preciso siquiera edificar.
Doña reitera lo que expresó en el comunicado de presentación de la plataforma. “Vamos a combatir la desinformación y la turismofobia y a defender la legalidad y los intereses del sector porque el turismo y las viviendas turísticas somos hoy un pilar económico fundamental en Cádiz”.
