El pasado 28 de junio, la Policía Nacional desarticuló la primera organización criminal dedicada a la introducción de droga y teléfonos en centros penitenciarios mediante drones. El operativo desplegado durante la madrugada se saldó con la detención de cuatro personas, entre ellas, el líder de la banda. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intervinieron cuatro drones, seis mandos, 41 pares de hélices, cinco baterías, nueve cargadores, una cámara especial, 11.000 euros en efectivo, 27 dispositivos móviles, numerosas tarjetas SIM, dos balanzas de precisión, dos armas simuladas, munición para armas largas y dos vehículos robados. En una nota de prensa, la Policía Nacional explicó que los delincuentes aprovechaban la noche para evitar ser detectados y, dada su destreza y la tecnología utilizada, ejercían una incesante actividad que permitían surtir a los presos de productos que vendían en el mercado negro interno por un valor diez veces superiores.
El fenómeno no es nuevo, advierte Ángel Luis Perea, portavoz de prisiones de CSIF-Cádiz, ni exclusivo del Campo de Gibraltar. En noviembre pasado, la Policía Nacional también abortó la introducción en uno de los centros penitenciarios de El Puerto de un teléfono móvil de alta gama y dos mini botellas de güisqui, empaquetadas y adosadas a un dron. La intervención se produjo igualmente a altas horas de la noche, cuando los agentes sorprendieron a tres individuos en un carril próximo a la prisión de Puerto 2 a bordo de un vehículo con un controlador, tres baterías, hilo de pesca con cuatro engarces y el paquete, envuelto en plástico negro, con la mercancía que pretendían hacer llegar a los internos. Todos ellos carecían de cualquier tipo de licencia para hacer volar el dron ni autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para sobrevolar el espacio aéreo.
Perea añade que los primeros episodios de este tipo se detectaron hace algo más de un año. El responsable de CSIF-Cádiz los vincula a la elevada población reclusa en las cuatro cárceles de la provincia condenada por delitos de tráfico de drogas, contrabando o crimen organizado. “En torno a un 60%”, concreta, un porcentaje mayor tras los últimos golpes dado a las bandas que operan tanto en el Campo de Gibraltar como, en los últimos tiempos, en la Costa Noroeste. “Encarlados los líderes de las mafias -explica-, tratan de continuar con la actividad ilegal desde sus celdas”. Para ello, precisan de los dispositivos móviles y las pequeñas cantidades de droga para obtener beneficios tras los muros. El sindicato ha expresado su preocupación por esta nueva coyuntura. “Nos amenazan, nos coaccionan e incluso nos agreden”, asegura en conversación telefónica con INFORMACIÓN, como ocurrió recientemente en Algeciras, donde “quemaron los coches de unos funcionarios para meterles el miedo en el cuerpo”.
Perea lamenta la falta de respuesta por parte de la Administración. A mediados de 2022, Instituciones Penitenciarias, que reconoció la dificultad para llevar un conteo de estos sucesos, decidió extender el sistema Siglo-CD de detección de drones que ya usa en las cárceles de Madrid al resto de centros penitenciarios de la Administración General del Estado, y que demostró su capacidad en la Nochevieja de 2020, cuando la Policía Nacional identificó a un piloto que voló un dron en la Puerta del Sol, en la capital, durante las campanadas. Pero en la provincia de Cádiz aún esperan una solución. El portavoz de prisiones de CSIF-Cádiz sostiene que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha eludido mantener una reunión con el sindicato para abordar la situación con el sindicato. “Los malos siempre van un pasito por delante”, remarca, y exige medidas urgentes. Además de la necesidad de contar con inhibidores para los aparatos voladores teledirigidos, plantea la posibilidad de no concentrar a los miembros de los clanes del narcotráfico cerca de donde han desarrollado su actividad criminal. Y, en cualquier caso, considera que lo verdaderamente necesario es declarar como Zona de Especial Singularidad (ZES) las prisiones de la provincia y reconocer la peligrosidad y penosidad de la labor de los funcionarios por convivir a diario con bandas organizadas criminales.
