Para los ecologistas, el Ayuntamiento de Arcos “apuesta por un modelo económico basado en revitalizar la burbuja inmobiliaria, lo que volverá a originar riesgos para el futuro, determinando un escenario insostenible desde el punto de vista ambiental, ineficiente desde el punto de vista productivo, e insolidario desde el punto de vista social, ya que no plantea viviendas sociales para personas en exclusión”.


Las mismas fuentes sostienen que “la construcción no puede ser el motor de la economía arcense. Proyectos urbanísticos arcenses, incluso con campo de golf, están fracasando. En Arcos son innecesarias 485 viviendas nuevas, al lado de otras viviendas nuevas que ni se venden, ni se ocupan”.
Según Ecologistas en Acción, “este proyecto, si se realizan otros, como el de La Merced,  originará un crecimiento urbanístico y poblacional innecesario e ilegal, no habrá la suficiente agua potable y la depuración no será posible o será muy deficiente, lo que va en perjuicio de los intereses generales de la ciudadanía. Arcos necesita más depuradoras. Hay zonas y barriadas de Arcos sin depuración, mientras se le  otorga   agua depurada que ya no hay a un proyecto recién llegado y externo a la ciudad”.


Los ecologistas, entre otras alegaciones,  aseguran que “el proyecto va en contra del objetivo del POTA que dice que el desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación de ciudad que genere proximidad y una movilidad asegurada por los altos niveles de dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes públicos, por lo que hay que romper la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados. El proyecto también va  en contra de una movilidad sostenible”.


Para los conservacionistas “este proyecto no  evalúa el impacto que tendrá en la vegetación autóctona de la zona, vías pecuarias y caminos públicos, en la fauna, en los acuíferos existentes en la zona o  en los yacimientos arqueológicos”.


Por último, recuerdan que antes de acometer nuevas recalificaciones de enorme envergadura también es imprescindible que el Ayuntamiento garantice con hechos el cumplimiento de la disciplina urbanística y la restauración de los terrenos urbanizados ilegalmente y que estos proyectos deberían de esperar a la redacción y aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).