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Sábado 18/05/2024  

Los colectivos piden la ruptura del pacto y la dimisión de Pedemonte

La investigación patrimonial se hizo a todo el personal

  • Pedemonte y De Bernardo, en una de las primeras comparecencias que ofrecieron como socios del Gobierno.
  • Critican la postura ?colaboracionista y de silencio? de la formación de derechas
  • Foro Ciudadano, la Federación de AAVV, la Plataforma o Emproa se pronuncian al respecto
El anuncio del ingreso en prisión del funcionario Clemente Ruiz, uno de los supuestos autores del desfalco cometido contra la Caja Municipal ya ha susctitado las primeras reacciones por parte de los colectivos ciudadanos de San Fernando. INFORMACIÓN ha podido hablar con los representantes de dichos estamentos y de todo ello puede extraerse una conclusión muy clara, en este caso no han de depurarse sólo las responsabilidades penales, sino las políticas. Si bien hasta ahora se había pedido en reiteradas ocasiones las dimisiones del alcalde, Manuel María de Bernardo, y de la delegada de Hacienda, Mercedes Espejo, ahora se exige una más, la de la teniente de alcalde y delegada de Urbanismo Carmen Pedemonte, máxima representante del PP en San Fernando, partido que sostiene en el Ayuntamiento al PA y con el que gobierna La Isla en calidad de socios.

Pero todo no queda en la dimisión de Pedemonte, pues los colectivos recalcan que el PP debería de romper el pacto de Gobierno y critican la postura que la formación conservadora ha mantenido ante este escándalo, calificándola de “colaboracionista y de silencio”.

Foro Ciudadanos por La Isla, Federación de AAVV Isla de León, Plataforma Responsabilidades Políticas Ya, Emproa, Acosafe y UGT se han pronunciado al respecto.

Antonio Romero Toledo, portavoz del Foro Ciudadanos por La Isla, está convencido de que “hay algo más que la imputación de Clemente”. También se reafirma al pedir dimisiones: “ya hemos dicho que el alcalde y la delegada de Hacienda deben dimitir, ahora se lo exigimos a la presidenta del PP, Carmen Pedemonte, por sostener un Gobierno ilegítimo y pasar de puntillas ante este asunto del desfalco. El PP es cómplice”, afirmó.

El presidente de la Federación de AAVV, Antonio Romero Rodríguez, fue igual de tajante. “Queda mucho por esclarecer y queda claro que ha habido dejadez de funciones por parte del alcalde y la delegada de Hacienda, pero la postura más grave es la del PP, que no ha abierto la boca y ahí están viéndolas venir. Creemos que no deben quedarse al margen y pronunciarse”, matizó.

El portavoz de la Plataforma Responsabilidades Políticas Ya, Manuel Pareja, comunicó que en una reunión de urgencia el jueves decidieron expandir sus peticiones de dimisión también al PP. “Su postura está muy clara, el que calla otorga, el silencio evidencia su total colaboracionismo con el PA, aguantan para salvar sus sillones, solamente”, apuntó.

El presidente de Emproa, José Luis Cardoso, así como el secretario local de UGT, Manuel Limón, también pidieron la dimisión de Pedemonte y que el PP rompiera el pacto. La presidenta de Acosafe, Cristina Arjona, prefirió esperar al levantamiento del secreto de sumario.

Sólo encontraron anomalías en el nivel de vida de Clemente

Según ha podido conocer este medio, durante todo el procedimiento que derivó el pasado miércoles en el encarcelamiento de Clemente Ruiz García se estuvo investigando el patrimonio de todas aquellas personas relacionadas con el Área de Economía y Hacienda, así como de las personas allegadas a las mismas. Para ello, se solicitaron datos de propiedades, estados de las cuentas bancarias, ingresos, etc. Durante dichas indagaciones, al parecer, no se observaron circunstancias anómalas que hicieran referencia a un enriquecimiento excesivo de los sospechosos, salvo los datos recabados sobre Clemente Ruiz, quien apuntó a una capacidad económica muy por encima del nivel de ingresos que tenía como funcionario municipal. Llama la atención, según fuentes consultadas por este medio, que el cajero imputado vendiese entre 2004 y 2006 varios inmuebles que estaban a su nombre, y todo apunta a que lo hizo para evitar cualquier tipo de embargo en el momento en el que su acción delictiva pudiera ser descubierta. Así, se desprendió en 2004 de dos inmuebles, uno por un importe de 150.000 euros y otro por 13.000 euros, en 2005 de uno por una cantidad de 100.000 euros, y en el 2006 otro por 30.000 euros.

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