Susana Díaz incluyó en 2015 la rebaja del Impuesto de Sucesiones en el programa electoral con el que concurriría a las urnas y meses después se volvió a comprometer a una rebaja sustancial, en su discurso de investidura. El tijeretazo a ese gravamen formaba parte por tanto de la hoja de ruta del PSOE, pero la intención inicial era aplicarlo cuando fuera posible y, en todo caso, en el último tramo de la legislatura, cuando la economía volviese a soplar a favor. Los plazos se acortaron porque C’s hizo bandera de la eliminación del impuesto desde que debutó en el Parlamento, lo utilizó como precio por apoyar al Ejecutivo de Díaz y la estrategia le ha funcionado: la segunda fase de la reforma fiscal tras los primeros pasos de 2016 será efectiva el próximo 1 de enero. Bien para los bolsillos ciudadanos, pero no tanta felicidad en la Consejería de Hacienda, que ve mermados sus ingresos.
Los Presupuestos de 2017, aprobados el viernes pasado por el Consejo de Gobierno y registrados este lunes en el Parlamento, se hacen eco de las nuevas reglas del juego fiscal. En la cuadratura de los 33.239 millones que movilizan las cuentas públicas del próximo ejercicio se contemplan hasta 2.101,4 millones de previsión de ingresos por los tributos cedidos de gestión propia, aquellos que son de titularidad estatal pero que la Administración central pone en manos de las comunidades para que lo recauden y puedan financiar buena parte de sus gastos. En 2017 representarán el 7,4% de todos los ingresos no financieros.
La cifra es apenas un 1% superior a la del Presupuesto de 2016, en buena medida por la caída en la recaudación del Impuesto de Sucesiones, del que desde enero se librarán aquellos andaluces que hereden bienes por debajo de los 25o.ooo euros, además de beneficiarse de factores correctores en el tramo hasta los 350.000 euros. En agosto de este año, además, entraron en vigor modificaciones para librar de cargas las herencias en la vivienda habitual del fallecido y en el traspaso de bienes agrarios. En total, la Junta calcula una penalización para sus cuentas de 125 millones anuales. En el proyecto de Presupuestos de 2017 se especifica claramente: la recaudación a cargo del Impuesto de Sucesiones tras la reforma fiscal pactada con C’s experimentará el próximo año una caída del 14,6% respecto a la previsión de 2016.
Viviendas y juegos de azar
¿Cómo compensarlo? En el documento en poder ya del Parlamento se confía en que el recorte, afectado también por la previsión de menos ingresos por el Impuesto de Patrimonio, puedan amortiguarlo otros gravámenes que gestiona la propia Junta. En concreto, se cita expresamente la necesidad de que mejore la recaudación de la tasa fiscal que se aplica a los juegos de azar, que debería aumentar un 0,9%. Pero donde están puestas todas las esperanzas es en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de obligado cumplimiento al adquirir viviendas.
Para cuadrar cifras en ese apartado debería crecer hasta un 7,2% y responder a los augurios de la Consejería de Hacienda, que se aferra a “las buenas expectativas de evolución del mercado inmobiliario”, en especial al resurgir de la compraventa de viviendas usadas y nuevas y a la recuperación de los precios.
En la presentación del capítulo de ingresos la propia Consejería de Hacienda asume el riesgo. Mientras resta importancia a las rebajas del IRPF, con mayor incidencia en 2015 y 2016, reconoce que la reforma del Impuesto de Sucesiones “tendrá un impacto negativo en la recaudación” de los gravámenes.
El 8% de la previsión de empleo es público
Los Presupuestos contemplan la creación de 65.000 nuevos empleos en Andalucía durante 2017, aunque ahí se incluyen los 5.500 que la Junta convocará para cubrir plazas en su entramado interno. En total, algo más del 8% del previsto. Se unirán a los 237.000 trabajadores que el Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas asigna a la Junta, sin contar la Administración paralela...
