Polémica por la primera sentencia firme de derribo de una vivienda ilegal

La primera sentencia firme de derribo sobre una edificación construida fuera del planeamiento urbanístico en Sanlúcar, ha sido dictada por el juzgado número 3 de Cádiz, quien en octubre de 2008 resolvió que se derribara la vivienda de José Antonio Santiago, situada en la calle Marqués de Santillana, en la zona de Reventón Chico.
Si bien el proceso comenzó en 2003, con el traslado del caso por parte de la Gerencia de Urbanismo a la Fiscalía, no fue hasta finales del pasado año cuando el juez encargado del caso resolvió que la casa, que está construida sobre una zona del PGOU destinada a espacios libres, fuera demolida.

En las últimas semanas, tanto el propietario de la vivienda como un amigo, Mariano Galán, han llevado a cabo varias gestiones con el objetivo de evitar el derribo de la casa, que fue construida en 2002 por José Antonio Santiago, tras vender, según afirma, otra casa en la Barriada de Andalucía. El propietario de la vivienda ilegal asegura que “nunca me dijeron que no pudiera construir” al tiempo que enseña los documentos que certifican que la casa cuenta con suministro eléctrico y agua potable. Además, sostiene que el resto de las casas del entorno “están en las mismas circunstancias” por lo que su portavoz, Mariano Galán, declara que “no vamos a consentir que se derribe ni ésta ni ninguna casa”.

El caso ha dado un vuelco en los últimos días ya que, tras recordar en febrero al propietario su obligación de ejecutar la sentencia y, por tanto, derribar la construcción, el juzgado se ha dirigido al Ayuntamiento de Sanlúcar pidiéndole, ante la incapacidad material del ente judicial, que se encargue de llevar a cabo el derribo de la casa y facture posteriormente al propietario los gastos originados.

Según ha confirmado la gerente de Urbanismo, Mónica González Pecci, “la GMU ha elaborado con sus propios y escasos medios el proyecto de demolición e iniciado el procedimiento de licitación” para adjudicar la obra a una de las tres empresas que se han presentado al concurso, ya que se trata de un contrato menor. No obstante, en este tiempo, la alcaldesa del municipio y delegada de Urbanismo, Irene García, ha recibido una citación por parte del juzgado en la que el juez le solicitaba que contestase en un plazo de cinco días el por qué la construcción no había sido ya demolida, advirtiéndole de su posible responsabilidad por desobedecer la orden dictada por el juez, que podría incluso suponer la inhabilitación como cargo público de la edil sanluqueña.


Así las cosas, desde la GMU se continúa adelante con el proceso de adjudicación de la obra, existiendo ya una propuesta para adjudicar a una empresa sanluqueña. Sin embargo, el pasado lunes, el propietario del inmueble presentó ante el juez la petición de indulto ante el delito contra la ordenación urbanística que espera sea favorable y evite la pérdida de la vivienda.

Este caso ha provocado que el afectado busque apoyo de las plataformas creadas en varios municipios de la provincia de Cádiz para evitar el derribo de viviendas ilegales -como Chipiona, Chiclana, El Puerto de Santa María -, así como de la Federación de Vecinos Guadalquivir, quienes se habrían comprometido a estudiar el caso en una reunión de la junta directiva de cara a organizar una concentración a nivel provincial para evitar el derribo. “Los políticos son los que han creado este monstruo”, afirma Mariano Galán y “lo que nosotros pedimos es el auxilio de las administraciones para encontrar una solución al problema”. Además, Galán señala que el origen del problema se encuentra en la falta del desarrollo del PGOU. “Tenemos que ser respetuosos con la justicia, ser legalistas y que se diseñe un modelo de ciudad, pero no tirarle la casa a un trabajador”, concluye.