La jueza Mercedes Alaya ha imputado a los miembros de los distintos consejos rectores de la Agencia IDEA, entre los que se encuentra el actual presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el que fuera dirigente de El Monte, José María Bueno Lidón, por las ayudas concedidas por este organismo a las empresas de los exconcejales del PSOE Enrique Rosendo y José María Sayago.
En un auto judicial, del que se han hecho eco numerosos medios de comunicación, la magistrada imputa a toda la cúpula directiva de la Agencia IDEA los delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad, citándolos a declarar la próxima semana tanto a los nueve que ya estaban imputados como a los 16 nuevos, entre los que se encuentran el presidente de Unicaja, Braulio Medel, el expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón, el exsecretario general de Universidades, José Domínguez Abascal o el jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, Francisco del Río.
La imputación se basa en que los miembros del consejo rector tuvieron conocimiento del convenio marco que facilitó las ayudas ilegales y que “participaron al aprobar el pago de subvenciones presuntamente ilegales” al grupo empresarial de los exconcejales socialistas Enrique Rosendo y José María Sayago, dos de los principales implicados en la rama de la Sierra Norte de Sevilla.
La magistrada considera que ninguno de ellos puso reparos a las subvenciones concedidas, apuntando que todo el consejo tenía conocimiento del convenio para conceder esas ayudas así como del déficit que se originó en la Consejería de Empleo.
La “inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones y de la ausencia tanto de bases reguladoras como de fiscalización” era del todo conocida por el consejo rector de la Agencia IDEA, según Alaya, que concluye que “participaron al aprobar” el pago de ayudas.
Braulio Medel, según Alaya, votó a favor de 39 convenios, mientras que Bueno Lidón lo hizo a favor de 58, teniendo conocimiento de que existía un déficit presupuestario de 58 millones. Ambos están citados a declarar el próximo miércoles.
También imputa al jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 2001 y 2008, Francisco del Río, por asistir al consejo rector de IDEA y tener conocimiento de la firma de 22 convenios entre el director general de Trabajo y el IFA sin oponer reparos. Declarará el viernes.
La jueza vuelve a imputar y a llamar a declarar el próximo lunes a numerosos altos cargos, como al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero , al exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá y al exdirector de IDEA, Jacinto Cañete.
La investigación considera que el tandem Rosendo-Sayago consiguió que la Junta les concediera 34 millones de euros, de los que sólo cobraron 17 millones y 12 de ellos terminaron en empresas que jamás tuvieron actividad, entre ellas una en la que estuvo contratada una hija del diputado socialista y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera.
