Las mujeres que viven en situación de malos tratos y que requieran atención sanitaria urgente en los centros sanitarios se beneficiarán de un circuito asistencial diferenciado que garantice su intimidad y permita realizar la entrevista clínica y la asistencia sanitaria en condiciones de seguridad.

   Así se recoge, según la información facilitada a Europa Press por la Consejería de Salud y Bienestar Social, en el nuevo protocolo andaluz de actuación sanitaria desde el ámbito de urgencias ante la violencia de género diseñado por el departamento que dirige María Jesús Montero.

   Este documento también ayudará a los profesionales de las urgencias hospitalarias a prestar una atención integral a las mujeres mayores de 14 años sometidas a violencia. Entre otras cuestiones, el protocolo recoge las distintas actuaciones que deben tener en cuenta los profesionales, en función de si la mujer reconoce o no ser víctimas de malos tratos, estableciéndose circuitos diferenciados en cada caso.

   Así, y en el caso de que la mujer reconozca que ha sufrido malos tratos, se activa de forma inmediata un circuito específico para que la mujer permanezca en un espacio diferenciado que garantice su intimidad, confidencialidad, seguridad y protección.

   Por contra, si la mujer no reconoce sufrir malos tratos pero los profesionales sospechan de este motivo, se realizará una entrevista que incida en los aspectos biológicos y psicosociales de la mujer. Igualmente, se trasladará al equipo de Trabajo Social de su centro de atención primaria de referencia la sospecha detectada para que se actúe teniendo en cuenta estas circunstancias.

   Esta guía, que se suma al protocolo ya existente para los profesionales de Atención Primaria, persigue mejorar la calidad de las actuaciones que se desarrollen con mujeres en situación de maltrato o agredidas sexualmente.

PARTE AL JUZGADO

   Otro apartado fundamental en el documento se refiere a la elaboración del parte de lesiones para remitir al juzgado, sobre todo cuando la mujer decida denunciar la agresión. Entre otras cuestiones, se recuerda a los profesionales que el parte al Juzgado debe leerse a la mujer y ser informada de las implicaciones que conlleva.

   Igualmente, se definen los conceptos que debe incluir el parte: datos del personal facultativo que la ha atendido, datos de filiación de la mujer, identificación del tipo de violencia y lesiones que presenta (describir el tipo de lesiones, descripción, localización y posible fecha de las mismas).

   En este sentido, se recuerda la importancia de que las lesiones (cutáneas, músculoesqueléticas, oculares, auditivas, genitales, internas, etcétera) se describan de manera detallada en cuanto a tipo, forma, dimensión, color y localización, con lo cual se facilitará su posible fecha de producción.

   Además, el protocolo señala a los profesionales la importancia de prestar especial atención a las lesiones más antiguas o en distinto estadio evolutivo como prueba de reiteración del maltrato y se señala que, cuando sea posible, se realicen fotografías de las lesiones, solicitando previamente consentimiento a la persona atendida.

   En cuanto al estado psíquico y emocional de la mujer, el protocolo recuerda a los profesionales que el maltrato psicológico puede reflejarse en síntomas de depresión, ansiedad, tendencias suicidas, somatizaciones o síndrome de estrés postraumático, entre otros. Además, se recogerán los datos relacionados con los hechos que motivan la asistencia: cómo han ocurrido los hechos (utilizando y entrecomillando, cuando sea posible, las mismas palabras de la mujer); lugar, fecha y hora; si el maltratador ha usado objetos o le ha amenazado con hacerlo; si ha habido otras víctimas o hay testigos; si viene acompañada o si se sospecha que la causa de las lesiones es diferente a la que refiere la mujer.

   Según la OMS, que ya en 1996 reconoció que la violencia de género era un problema de salud pública, entre el 10 y el 50 por ciento de las mujeres en el mundo experimentan durante su vida violencia física de manos de un compañero íntimo y entre el 10 y el 30 por ciento ha sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja.