El caso de Isabel García Cossío es un ejemplo de la poca validez práctica que tienen muchos acuerdos plenarios. El pasado 24 de febrero de 2010, el Ayuntamiento de Huelva aprobó por unanimidad en su sesión plenaria, a instancias de una moción presentada por Izquierda Unida, la construcción de una rampa de acceso que comunique las calles Argantonio, donde vive Isabel , con Mackay Macdonald. Esta rampa ha de ser adaptada a personas con movilidad reducida. Con este sí plenario, Isabel creía ver recompensa a su lucha, que empezó en 2008, cuando un bloque ocupó el espacio por el que esta vecina, con 80 años de edad y un grado de minusvalía del 65%, accedía a Mackay Macdonald. Entonces comenzó entre los vecinos de su calle una recogida de firmas. Logró más de 3.000.

Asimismo, acudió a los servicios de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con la que se ha intercambiado una veintena de cartas. El equipo de José Chamizo ha instado al Consistorio a que cumpla el sí plenario, tras el cual los representantes municipales se había comprometido a la construcción del acceso en un plazo de tres meses.

En mayo de 2010, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, atendiendo a los requerimientos de información sobre el proyecto que pidió el alcalde, se le notificó a Pedro Rodríguez que “el proyecto previo a la construcción de la indicada rampa se iniciará en los próximos días, una vez la carga de trabajo ocasionada por los proyectos del Plan E 2010 han disminuido. Asimismo, le informo de que por la escasa longitud de espacio donde se plantea la rampa y la altura a salvar desde la calle Argantonio, ésta tendrá unos recorridos largos, que no van a reducir de forma apreciable la distancia a recorrer por esta señora, y el coste del mismo será elevado”. Han pasado 21 meses desde el sí unánime del pleno, e Isabel García tiene que seguir dando un enorme rodeo cada vez que desde su portal quiere caminar hacia la calle Mackay Macdonald. Ya queda menos. O no.