Montero explicó que de los 24 lotes inspeccionados por la Junta de Andalucía se abrió un expediente informativo a 15 de ellos y que, aunque la tramitación aún no ha concluido, “la mayoría” de las empresas investigadas ha podido demostrar que no cometieron fraude en el etiquetado porque el aceite que envasaron se correspondía con la calidad expresada en el etiquetado.
De las investigaciones desarrolladas se ha colegido que el aceite de oliva virgen extra puede perder algunas de sus apreciadas cualidades organolépticas si no se cumplen las condiciones de conservación en la cadena de distribución y comercialización.
Por ello, el aceite investigado por la Junta pudo parecer que no se correspondía con la calidad extra virgen anunciada en su etiquetado no por fraude del fabricante, sino por la pérdida de sus cualidades meses después, durante el proceso de transporte o almacenaje.
La responsable andaluza de Salud y Consumo rehusó identificar a estas empresas hasta que finalice la tramitación de los expedientes abiertos y comparó el deterioro que puede sufrir el aceite de oliva virgen extra durante su almacenaje con el que también pueden experimentar otros productos como el vino.
La consejera anunció que los resultados de esta investigación aconsejan emprender campañas informativas que recomienden las condiciones óptimas de transporte, almacenaje y venta del aceite de oliva extra virgen, aunque descartó rebajar el periodo óptimo de consumo que actualmente se expresa en el etiquetado de este producto.
